El jueves 30 de junio, Mauricio Macri recibió una data que puede complicar su futuro judicial y, claro, también el político. Ese día, el ex jefe de la Policía Metropolitana (PM), el ex comisario Jorge ?el Fino? Palacios, concurrió a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para realizar una nueva declaración indagatoria ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo la causa por el espionaje porteño. El magistrado lo citó para que respondiera acerca de las tareas de espionaje sobre políticos y gremialistas de la oposición macrista mientras el Fino comandaba la PM. Esta vez, Oyarbide lo acusa del delito de violación de los deberes de funcionario público. Su situación judicial no es nada buena, ya que con anterioridad el ex comisario fue imputado por el juez por ser parte de una asociación ilícita montada en el seno del GCBA orientada a la inteligencia sobre opositores al Jefe de Gobierno. Por esto, Palacios estuvo detenido en el Penal de Marcos Paz cerca de un año. Salió en libertad condicional a fin del año último gracias a un fallo de la Cámara Federal porteña. En caso de sufrir una nueva condena, no podrá ampararse en el beneficio de la libertad condicional y deberá cumplir la condena en la cárcel. Por eso, su futuro no es el mejor. La nueva citación a la que fue sometido Palacios tiene su origen en octubre de 2009, cuando Oyarbide allanó la empresa de seguridad de Palacios, Security Strategic Consultancy SRL, en Maipú al 200, en donde también trabajaba su amigo Chamorro. Allí se encontraron numerosos informes con datos patrimoniales y financieros de los entonces legisladores porteños de la oposición Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa y Diana Maffía; del dirigente del gremio de los empleados municipales (Sutecba) Patricio Datarmini, y del ex líder sindical docente y ahora diputado porteño Francisco ?Tito? Nenna, quien por entonces mantenía una fuerte disputa con el ex ministro de Educación macrista, Mariano Narodowski. Los pedidos de informes patrimoniales fueron cursados a la empresa Nosis y estaban almacenados en un archivo de Word llamado ?Osvaldo?, en una computadora que supuestamente pertenecía a Chamorro. El descubrimiento provocó la caída de Chamorro, quien se encontraba al frente de la PM desde la renuncia del Fino, a fines de agosto de 2009. Con esos antecedentes, la nueva declaración del ex titular de la Metropolitana cobraba interés para los involucrados en el expediente de las pinchaduras telefónicas. Macri era uno de los más preocupados por lo que iba a decir su ex funcionario. Y para los investigadores del caso, las dos horas de la declaración, en las que el Fino contestó las preguntas del juez y presentó un escrito defendiéndose, significaron el fin del pacto de silencio. Eso se basó en que Palacios admitió haber recabado informes financieros sobre legisladores opositores a Macri pero aclarando que lo hizo para demandarlos ante la Justicia civil por haber criticado su participación en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, cuando estuvo al frente del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal. Así, reconoció que a través de su consultora compró a Nosis informes sobre Ruanova, La Ruffa, Maffía y Datermini. Para los colaboradores de Oyarbide, el Fino no hizo más que declararse culpable, ya que bajo ningún concepto podía buscar datos relacionados con funcionarios públicos, ya que la Ley de Inteligencia lo prohíbe y Palacios, como ex miembro jerárquico de la Federal, conocía la prohibición. El ex comisario trató de excusarse diciendo que el espionaje fue efectuado de manera ?personal?, intentando despegar a Macri. Sin embargo, el gesto no convenció a Oyarbide. Y no fue el único. El legislador por Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova tampoco creyó en la inocencia de Mauricio: ?Es por lo menos infantil que Palacios me quiera hacer creer que me investigaba para iniciarme una acción legal. Él sabe bien que con mandarme una carta documento alcanza. El Fino tenía todo el poder porque se lo daba Macri; armó y compró equipos para la PM a su gusto?. Pero además, disparó contra la administración PRO al destacar que la confesión del ex comisario demostró que lo que dijeron Macri y sus laderos era mentira ya que ?durante seis meses negaron que nos habían investigado, descalificando nuestros dichos?. Allegados al juez le confirmaron a NU que la incriminación del Fino complicó a Macri. ?Para Oyarbide, la fecha del hallazgo es una prueba evidente de que la inteligencia sobre opositores comenzó con la llegada de Palacios al GCBA y se extendió luego de su renuncia varios meses. Esto demostraría que la estructura parapolicial funcionaba en la administración PRO y que, por su alcance y la cantidad de espiados, el titular de la PM contaba con el visto bueno de Montenegro y Macri. Ésta es la línea de investigación del juez, que complica al Fino y a Macri porque corrobora su responsabilidad en lo actuado por sus subordinados?, le detalló a NU un investigador judicial.
9 July, 2011 | 0:00
