El caso del predio delimitado por las calles Montes de Oca, Osvaldo Cruz, Río Cuarto y Herrera, en el que existe una especie de depósito polirrubro ilegal que administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, despierta la furia de los vecinos del barrio de Barracas.
Allí funcionan un almacén de autos incautados por tres comisarías de la Policía Federal y una especie de depósito de chatarra, integrado por elementos expropiados por la Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Público, que incluye desde pancheras callejeras hasta llamativas marquesinas. Finalmente, hay también en el lugar un Centro de Clasificación de Residuos, donde recuperadores urbanos clasifican residuos secos que luego son comercializados para su utilización en distintas actividades industriales.
Hasta allí, nada parecería estar fuera de lo normal.
Pero existe un problema. La zona en la que se ubica el predio mencionado está catalogada como UP, es decir, Urbanización Parque. Según ordena la Ley 2.216, que modificó el Código de Planeamiento Urbano, en su artículo 4º: ?Incorpórase al Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449), en el Grupo Equipamiento, la Clase V cuya descripción será: ?Clasificación y Selección de materiales recuperables, reutilizables y reciclables?, limitándose la superficie máxima según el siguiente cuadro…?.
Traducido al castellano, esto quiere decir que se puede instalar un centro de separación de residuos reutilizables para la actividad comercial e industrial en las zonas R2bIII, que es una zona residencial de baja densidad poblacional; C3, que es un distrito comercial; E 1, 2 y 3, que son zonas de equipamiento industrial y en la Zona I, que autoriza la radicación de industrias permitidas.
No existe en este artículo nada que haga pensar que se pueda autorizar la radicación de una actividad de ?Clasificación y Selección de materiales recuperables, reutilizables y reciclables? en una zona clasificada en el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque.
Ante las posteriores quejas de los vecinos, la Legislatura aprobó en 2009 la Declaración 558, de autoría de la legisladora Silvina Pedreira, solicitando el traslado del centro verde y del depósito de autos secuestrados, a la vez que exigía la limpieza del lugar. La contestación del subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, fue insólita: intentó en su escrito introducir con fórceps una interpretación del Código de Planeamiento Urbano.
El funcionario quiso aplicar los alcances de la Ordenanza 51.981, que autoriza a instalar centros de equipamiento social bajo viaductos, al funcionamiento del predio mencionado, cuando éste excede los límites del bajo autopista que nace en Constitución y llega hasta Avellaneda. Por otra parte, pretender asimilar un centro de ?equipamiento social? a un centro verde es intentar una interpretación ?a medida? de una decisión política ya tomada con anterioridad.
Los damnificados
Los vecinos de la zona de Barracas en la que está situado el polirrubro de la ilegalidad vienen quejándose hace tiempo de la situación, reuniéndose con los funcionarios y peticionando ante la Legislatura por sus ignorados derechos. Uno de ellos, Pablo Gassman, explicó el reclamo: ?Nosotros pedimos que se parquice la zona. Hasta ahora lo venían haciendo, pero llegaron con la parquización de los espacios bajo autopista hasta la calle Río Cuarto y no siguieron más, aunque el proyecto de trabajo que nos mostraron prevé que deberían seguir hasta la mitad del predio en cuestión. De ahí en más, no nos quisieron decir qué hay previsto en el resto del proyecto. Hay una zona en blanco, pero no sabemos qué es. Suponemos que no tienen intención de parquizar y no sabemos tampoco qué quieren hacer?, desliza, no sin enojo, Gassman.
?Lo que tienen que hacer ?continúa el vecino, que vive muy cerca del predio de la discordia?, si quieren que el centro verde siga allí, es modificar la zonificación, porque si el Poder Ejecutivo no cumple con las normas, ¿qué les puede pedir a los ciudadanos??.
Por último, Gassman manifestó que está totalmente de acuerdo con la necesidad de promover la actividad de reciclado de residuos, ?pero quizás el centro verde debería estar en otro lugar, en que esté permitida su actividad, no que se lo instale donde es ilegal hacerlo. Nosotros sólo queremos que se cumpla la ley?.
