El jefe de Gobierno Aníbal Ibarra ratificó este martes en conferencia de prensa que la fecha de las elecciones porteñas será el 8 de junio. "Para posibilitar esta medida anulé el decreto de simultaneidad que permitía la intervención de la Justicia Federal", manifestó Ibarra.
El titular del Poder Ejecutivo sostuvo que el Tribunal Superior se hará cargo del proceso eleccionario y que esta decisión "confronta con la medida dispuesta por la Justicia Federal".
Ibarra volvió a sindicar al jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma como el mentor de la maniobra que suspendió los comicios en la Capital. Según explicaron a NOTICIAS URBANAS fuentes del Gobierno de la Ciudad "el fallo de la Justicia Federal se transforma en abstracto con la derogación del decreto 208/03".
Minutos más tarde, en su sede de Chacabuco y Alsina y ya en conocimiento de la confirmación de la fecha del 8 de junio por parte del jefe de Gobierno, el candidato por Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, afirmó que "si el 8 de junio no se vota en la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de ver avasallada la autonomía porteña recaerá en el actual jefe de Gobierno Aníbal Ibarra". Anteriormente el presidente de Boca había reconocido la actitud que tuvo Ibarra este martes y la consideró una medida tendiente a defender la autonomía del distrito".
Por otra parte, la senadora Vilma Ibarra y el subsecretario de Control Comunal, Marcelo Antuña, concurrieron al Tribunal Superior de Justicia para intentar prorrogar los plazos para la inscripción de las alianzas. La causa de esto es que aún la coalición que comanda Aníbal Ibarra no llegó a un acuerdo con la Unión Cívica Radical. Mientras tanto, desde el sector de Macri descartaron cualquier acuerdo con el Partido Justicialista porteño, que comanda Miguel Ángel Toma, pero Macri no precisó los nombres de los partidos que concurrirán junto a su fuerza política.
Ante el conflicto de poderes planteado entre la Justicia Federal y el Tribunal Superior de la Ciudad, especialistas en la materia arriesgaron a este medio que la resolución final recaería en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ser así, el interrogante que se plantearía entonces es qué tiempo le demandará al máximo organismo judicial definir esta cuestión.
