Los magistrados nacionales tienen a maltraer al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. A las conocidas complicaciones que le depara la causa del espionaje, donde fue procesado en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, quien lo acusó entre otros delitos de integrar una asociación ilícita, su situación se complicó aún más cuando en la segunda instancia, la Sala I de la Cámara Federal porteña, que integran los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ratificó el procesamiento. Pero como si esto fuera poco, un nuevo y complicado frente judicial se cierne sobre el futuro cercano del jefe comunal.
El lunes de esta semana se conoció la noticia de que el magistrado a cargo del Juzgado Correccional de Instrucción Nº 49, Facundo Cubas, hizo lugar a un pedido del fiscal Marcelo Roma y citó nuevamente al Jefe de Gobierno a declarar, el viernes 25 de febrero, en el marco de la causa penal que investiga una denuncia por supuestos maltratos contra indigentes y personas en situación de calle por parte de integrantes de la disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que dependía del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente.
La investigación se inició por una denuncia que presentó la diputada nacional de Proyecto Sur Liliana Parada, en 2008. A la acusación inicial se fueron sumando, con el paso del tiempo, más elementos condenatorios contra la labor realizada por la UCEP, por parte de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Macri había sido citado por primera vez el viernes 10 de diciembre de 2010, pero la declaración se pospuso. Luego de la feria judicial, Cubas retomó el expediente caratulado ?Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos?, en donde se investigan los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de inmediato pidió la comparecencia del jefe comunal.
La prueba de que la gravedad de la causa no era menor quedó reflejada en las demás citaciones realizadas por el magistrado, ya que aparte de Macri fueron llamados a declarar el ex ministro de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Juan Pablo Piccardo (el mismo viernes 25 en que declarará Macri) y 29 empleados de la administración macrista, entre los que se encuentran varios ex integrantes de la UCEP.
La rueda de indagatorias comenzará el viernes 11, cuando se presenten a declarar Matías Agustín Lanuse, quien fuera coordinador político de la UCEP y Luis Manuel Savoiardo, quien oficiaba de jefe operativo de la Unidad de Control en los desalojos callejeros realizados por esa fuerza. En jornadas posteriores también deberán concurrir a tribunales, Jorge Cristian Polini, ex director de la UCEP; Fabián Jorge Rodríguez Simón, ex director de la UCEP; María Laura Gelonch, a cargo del sector administrativo y legal; Romina Anahi Savoiardo; Claudio Fabián Apecetche; Alejandro Maximiliano Arismendi; Ramón Adrián Barrolo; Carlos Alberto Cabrera; Rodrigo Maximiliano Carrizo; Sebastián Andrés Castillo; Victorio Pedro de Cillis; Carlos Alberto Failde; Gustavo Fabián Fernández; Marcelo Damian Fernández; Juan Pablo Motta; Gustavo Adrián Ordoñez; Daniel Francisco Pagano; Daniel Héctor Pizarro; Marcelo Alejandro Reina; Ramón Alejandro Rodríguez; Gabriel Epifanio Romero; Gabriel Ángel Ruiz; Diego Emiliano Sansanelli; Jonathan Ezequiel Savoiardo, y Marcelo Fortunato Savoiardo.
Al enterarse de la medida adoptada por el juez de la causa, la legisladora Parada manifestó su conformidad con el accionar judicial al señalar que ?es auspicioso este llamado a declaración ya que apunta a esclarecer cuáles son las responsabilidades políticas en la cadena de mando de una patota amparada legalmente por el Ejecutivo porteño. En diciembre Macri pidió postergar su declaración en medio de la crisis por la ocupación del parque Indoamericano, que cristalizó que, tras más de tres año de gobierno, el macrismo no sólo no puede resolver los problemas de las mayorías, sino que busca excusas de tinte xenófobo para justificar su inoperancia?.
Según un letrado que trabaja en la investigación y que fue consultado por Noticias Urbanas, las pruebas reunidas contra los implicados en la causa son muy contundentes. ?Los delitos que se les imputan son 19 y fueron cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009. Y generalmente, estos operativos callejeros se realizaban de noche o de madrugada. Las pruebas que contiene el expediente van desde videos sobre los operativos que efectuaban en las calles y documentación incautada en un allanamiento a las oficinas de la UCEP, que funcionaba en el edificio del Mercado del Plata, hasta el propio decreto 1.232/08 que le dio vida al cuerpo?, detalló el investigador judicial.
En el anexo 2/13 del decreto que puso en marcha a la UCEP, se le atribuía como funciones la de ?mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público?.
El problema que enfrenta Macri no es nada menor, ya que para la Justicia la UCEP actuó como un grupo parapolicial que por indicaciones de sus superiores políticos actuaba de noche o a la madrugada, de una manera violenta contra los sin techo, en vez de solucionar sus problemas. ?Es evidente que la realización de sus tareas a altas horas de la noche era para evitar testigos molestos. Con esto queda confirmado que los funcionarios macristas sabían que lo que estaban ordenando era ilegal?, manifestó un colaborador del magistrado. De esta manera, los cargos que enfrenta el Jefe de Gobierno son importantes y nadie se atreve a apostar por su suerte ante el magistrado de la causa.
