La otra cara de la moneda de la ocupación de las tierras de ese baldío lleno de pajonales en que se había convertido el parque Indoamericano, y la conmoción que ello desató en Villa Soldati, es el caótico boom inmobiliario, basado en edificios altos, en un puñado de barrios porteños donde las redes de agua y cloacas están al borde de un colapso que, acaso, ya haya comenzado.
?Mientras el barrio de Caballito representa apenas poco más del 3 por ciento de la superficie de la Ciudad, entre el 8 y el 15 por ciento de las nuevas construcciones ?depende cómo se mida? se están haciendo en él, y la situación es todavía peor en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, cuyo crecimiento demográfico es explosivo?, señaló Gustavo Desplats, presidente de la Proto Comuna Caballito.
?Mientras en el último decenio, de acuerdo al reciente censo, la población de la Ciudad aumentó un 4,1 por ciento, en Villa Pueyrredón aumentó en un 56 por ciento, es decir, 13 veces más. Y al mismo tiempo, en barrios como Soldati, Lugano, Pompeya y Villa Riachuelo, que en conjunto representan más del 12 por ciento de la superficie de la Ciudad y que fueron conmocionados por los acampes en el parque Indoamericano, apenas se está haciendo entre el 1 y el 2 por ciento de las nuevas construcciones?, agregó.
?No hay ninguna planificación: todo es negocio. Un 30 por ciento de las nuevas construcciones son suntuosas, un 50 por ciento, lujosas, un 20 por ciento estándar, es decir, para clase media-media, y no hay prácticamente ninguna construcción de viviendas sociales?, fue la lapidaria conclusión de Desplats.
En los últimos ocho años, el 80 por ciento de las construcciones que se realizaron en la Ciudad se concentraron en 11 de los 48 barrios porteños. Villa Urquiza, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón y Palermo son los más afectados por la demolición de casas bajas para edificar torres.
El planeamiento urbano, clave en cualquier ciudad del mundo para ofrecerles una buena calidad de vida a sus habitantes, no es, para nada, un tema prioritario para el gobierno PRO. Así, los casi tres millones de porteños viven sobre una estructura de redes de agua y cloacas repleta de pérdidas y agujeros y al borde del colapso. Sobre todo en los barrios de mayor concentración de población.
?Hace cuatro años que algunos vecinos de Caballito nos dimos cuenta de que el modelo constructivo que estaba en desarrollo era un modelo de concentración y exclusión, que pone en riesgo el funcionamiento del sistema de provisión de agua y recolección de fluidos cloacales?, contó Desplats. Y expresó que mientras los legisladores siguen en deuda en parir una nueva norma que reemplace al obsoleto Código de Planeamiento Urbano, todos los años se presentan distintos proyectos para revertir o al menos frenar aquella situación.
?No es posible dejar que sea el mercado inmobiliario quien diseñe la Ciudad. Todas las urbes del mundo están reguladas, limitando la construcción. Pero acá, la política es el laissez faire: dejar hacer, permitirlo todo?, dijo a Noticias Urbanas el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), autor de un proyecto para controlar las construcciones en altura. El proyecto de Abrevaya propone edificios de hasta tres pisos en la mayoría de los barrios, de modo de permitir las multiviviendas a la vez que preserva ?el derecho a la luz, a ver el cielo?.
La construcción de edificios altos y de muchos departamentos disminuye la presión del agua y altera bruscamente la fisonomía de los barrios residenciales. ?Cuando las empresas constructoras realizan lo que se llama englobamiento de parcelas, este tipo de construcción queda por fuera de la legislación, y la altura que pueden realizar se somete a una decisión ministerial arbitraria?, manifestó el diputado Adrián Camps (Proyecto Sur). ?Se trata de una decisión que se toma sin evaluar el impacto ambiental acumulativo, lo cual es terrible, porque como cualquiera puede darse cuenta, no es lo mismo que en un barrio se haga un edificio en altura a que se hagan 20?, añadió.
Abrevaya, Camps, Martín Hourest (Igualdad Social), Fabio Basteiro (Proyecto Sur) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) presentaron recientemente un pedido de informes al Ejecutivo sobre esta flagrante falta de planificación.
Un informe oficial
La contaminación del agua es otra consecuencia de semejante manera de construir. Ante las protestas y reclamos de ONG y asociaciones de vecinos, en 2006 el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman ordenó la realización de estudios de capacidad y demanda a las empresas de servicios públicos. Así fue que en enero de 2007, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA, estatal) presentó un informe que determinó con suma claridad que existe una situación crítica en los mismos cinco barrios que protagonizan el boom inmobiliario.
La mayoría de los caños, recuerda Desplats, ?fueron construidos en 1911, y en el caso de Caballito, el más nuevo data de 1945. Claro que desde entonces fueron intervenidos, pero la cañería original data de ese tiempo, presenta numerosas roturas y las de la red cloacal están contaminando los acuíferos de los cuales extraemos el agua que bebemos. Repito: estamos contaminando con heces cloacales y con agua clorificada los acuíferos Pampa y Puelche. El Pampa ya está contaminado y no se utiliza, pero el Puelche es de dónde empresas como Quilmes, Coca Cola y Villa del Sur sacan el agua. Y lo estamos contaminando a conciencia plena: hay un decreto colgado en la página web de la Ciudad que, con la firma de Telerman, advierte sobre esta situación?.
En efecto, a partir del informe realizado por AySA hace más de tres años, Telerman emitió el decreto 220/07, que estableció la urgente necesidad de realizar 320 kilómetros de obras de infraestructura de provisión de agua y cloacas. El convenio firmado entonces entre el Gobierno de la Ciudad y AySA estableció que si la empresa no realizaba las obras en el término del año, se haría cargo de las mismas el Ejecutivo porteño. Esta fecha se cumplió el 7 de febrero de 2008, a menos de dos meses de la asunción de Mauricio Macri, quien, por cierto, desconoció olímpicamente en los hechos lo firmado por Telerman. ?En estos tres años de gestión, el actual gobierno no invirtió ni un centavo en infraestructura. En su momento, las obras fueron valuadas en 235 millones de pesos. Ahora deben rondar los 400 millones?, puntualizó Desplats.
Y refirió que desde entonces no sólo se han habilitado dos millones de metros cuadrados cubiertos de nuevas construcciones, sino que ahora están empezando a habilitarse los edificios que se comenzaron a hacer en 2007, año récord en la Ciudad en lo que hace a la extensión de permisos. ?Las grandes torres de edificios se van a terminar más o menos a la vez, durante este verano, y en ese mismo momento va colapsar el sistema. Si es que ya no empezó a colapsar. Porque vecinos de un edificio de 15 pisos y 30 departamentos de la calle Yerbal al 100 me acaban de informar que, además de no tener luz, el sótano se ha inundado, y que el Gobierno de la Ciudad y AySA se tiran la pelota. Al parecer, se ha roto un caño importante.?
?Nos encontramos ante un gran daño ambiental, de consecuencias impredecibles, que probablemente sea el segundo problema ambiental más importante de la Ciudad, después de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estamos contaminando el agua, nuestro recurso más valioso. Lo que nos da vida. Estamos comprometiendo el futuro que le debemos a nuestros hijos?, concluyó Desplats.
La Proto Comuna Caballito se presentó ante la Justicia para pedir una medida cautelar: la inmediata suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra en Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Caballito y Coghlan. La causa, presentada con el patrocinio del abogado Osvaldo Sidoli, presidente de la Red Verde Ciudadana, se tramita en el Juzgado 14, Secretaría 27, a cargo de la jueza Karina Cichero.
Contra los túneles
Además de pedir la suspensión de la entrega de permisos de obra nueva y de finales de obra en los principales barrios afectados y la realización de los 320 kilómetros de obras de infraestructura comprometidas en 2007, en una rueda de prensa que ofrecieron en diciembre en la Legislatura para denunciar la inminencia de un ?colapso cloacal? y el correspondiente ?desastre ambiental?, la Proto Comuna Caballito, la ONG S.O.S. Urquiza-Parque Chas-Juntos por Urquiza y el periódico barrial Lo Que Faltaba pidieron ?la modificación de la Ley 3.528? de modo que ?se suspenda definitivamente la construcción de túneles en calles? destinándose ese dinero ? a las obras cloacales y de provisión de agua fundamentales para la vida en la Ciudad.
?Los cruces deben hacerse por las avenidas y no tal como está planteado en la Ley 3.528, por calles secundarias. Así no se solucionarán los problemas de tránsito; simplemente se los traslada al corazón de los barrios, como sucede en las calles Ceretti y Pacheco; y más teniendo en cuenta que aún estamos esperando los prometidos túneles de las avenidas Constituyentes y Álvarez Thomas. Este problema se padece también en Villa Pueyrredón, Devoto, Núñez y Villa del Parque?.
?Asimismo ?continuaron? solicitamos se realice además un nuevo estudio de las infraestructuras en barrios como Barracas, Flores, Almagro y Villa del Parque, entre otros, que están teniendo una gran incidencia de construcciones, para verificar que no se encuentren en la misma situación que los nombrados anteriormente.?
Histeria antiarbórea
La convocatoria a prestar declaración indagatoria del ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo; del director general de Espacio Público; del subsecretario de Mantenimiento de Espacio Público; del director de Arbolado, y del director operativo de Arbolado a consecuencia de las ?lesiones gravísimas? que sufrió la niña Zahira Morales (6 años) en la plaza Almagro, cuando el 1 de diciembre de 2009 una rama de un plátano cayó sobre su cabeza, provocó una reacción rayana en la histeria contra muchos árboles de la Ciudad: a partir de mediados del mes pasado, cuando se supo de aquella citación, cuadrillas de obreros usualmente dedicados a la poda de árboles recorrieron algunos barrios inspeccionando las raíces de los mismos, cosa de verificar que no estuvieran podridas y el árbol pudiera desplomarse. Para ello, como es obvio, debieron destruir las baldosas circundantes. En la inmensa mayoría de los casos comprobaron que las raíces estaban sanas y como si de las hordas de Atila se tratase, se marcharon dejando grandes destrozos a su paso. Destrozos que todavía nadie ha remediado.
El juez Gabriel Ghirlanda ordenó la medida que involucra a Piccardo y a varios funcionarios del Gobierno porteño haciéndose eco de un pedido formulado a principios de diciembre por el fiscal Sebastián Randle, quien también pidió y obtuvo la citación a indagatorias del director general de Espacio Público Félix Alsagat; del director de Arbolado, Guillermo Fabián Balo; del subsecretario de Mantenimiento de Espacio Público, Eduardo Villar; del director operativo de Arbolado, Carlos Paltrinieri; de las supervisoras Clara Sardo y María Rosa Sardó; el coordinador de los guardianes de Parques y Plazas, Fernando Risso; el director operativo de Guardianes de esa misma dependencia, Norberto Pini, y el responsable de Reclamos de Arbolado, Omar Prono, todos los cuales fueron o serán interrogados como presuntos responsables del hecho que provocó el hundimiento de cráneo de la niña.
Para Gustavo Romano Duffau, abogado de la familia Morales, ?la responsabilidad de quienes tenían a cargo el cuidado de la plaza así como también la remoción de árboles está absolutamente clara?.
Y es que el plátano del que se desprendió la rama que golpeó a Zahira había sido denunciado repetidamente por los vecinos a causa de su mal estado. Incluso un mes y medio antes del ?accidente?, en octubre de 2009, se le había caído una rama, con estrépito pero sin víctimas.
Una pericia hecha por la Facultad de Agronomía que encontró que había en la plaza Almagro otros árboles secos que podían desplomarse total o parcialmente, desató la histeria. Que no cunda el pánico. Y que los que rompen las veredas al cuete las arreglen.
