La Comisión Investigadora Especial sigue su curso, y este viernes el juez porteño Roberto Gallardo volvió a ser protagonista de la jornada. Primero su asistencia judicial en la investigación quedó en suspenso debido a la elevación a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de varios recursos planteados sobre el expediente, y ahora, fue denunciado penalmente en los tribunales de Morón. Así lo anunció Alejandro Finocchiaro, decano del departamento de Derecho de la Universidad de La Matanza.
El funcionario de la institución educativa se mostró molesto con la intervención del magistrado, y argumentó la denuncia penal por haber permitido el ingreso de personal del juzgado y de la policía federal en el establecimiento educativo, ?sin competencia, incumpliendo la ley de autonomía y autarquía universitaria, y en exposición de armas?.
La reunión se inició con la presentación del rector de la Universidad de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, quien figuraba en la lista de testigos del legislador ibarrista Eduardo Epszteyn. Sus respuestas se enfocaron principalmente en señalar la existencia de un convenio de administración de fondos por el cual la institución contrataba personal para el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, utilizando dinero cedido por esta misma dependencia.
En este sentido, el testigo explicó en repetidas ocasiones que entre las tareas que cumplía la universidad no se incluía el constatar la posibilidad de incompatibilidad de quienes entraban a trabajar en el Ministerio. Solamente se recibía un certificado que funcionaba como declaración jurada por parte de los contratados. Epszteyn fue quien le señaló la comprobación de al menos cuatro casos de incompatibilidad.
Más tarde el diputado relató a un grupo de periodistas que siguió esta línea de investigación para ?demostrar que se contrataba a gente de inteligencia de la Policía Federal a través de este convenio con la Universidad de Tres de Febrero?. ?Es una prueba más de que se crea una policía con gente de inteligencia?, alegó, ?es un mecanismo que se usa para eludir la incompatibilidad?.
La declaración de Finocchiaro, quien inició su exposición informando sobre la denuncia efectuada por la institución contra el juez Gallardo, inauguró un clima de distensión que duró durante casi toda su exposición. Es que, contrariamente a lo que había sucedido el pasado martes con Sergio Burstein, el decano del departamento de Derecho de la Universidad de La Matanza es un hombre del PRO, militante del partido y que incluso ha trabajado como asesor dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad, durante la gestión de Mariano Narodowski.
Justamente sobre este particular indagó la oposición. Finocchiaro debió explicar como participó de reuniones con los gremios docentes, primero junto a Narodowski, y actualmente junto al actual secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño, Andrés Ibarra, con quien desarrolla su relación política tras distanciarse del ex ministro. Todas sus intervenciones, especialmente las que emulaban los comentarios de los diputados del PRO, fueron festejadas por los integrantes del bloque macrista que apenas una semana atrás protagonizaron un duro cruce con Sergio Burstein, uno de los escuchados por el espía Ciro James.
Entre sus declaraciones, negó haber conocido personalmente tanto a Jorge ?el Fino? Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana, como a James. También debió aclarar en numerosas ocasiones que su universidad no tenía convenios de contratación con el Ministerio de Educación de la Ciudad y que la institución solo puede hacer recomendaciones a través de un convenio específico, pero jamás se pronunció directamente sobre las afirmaciones del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, acerca de que el espía había sido recomendado por el establecimiento educativo.
James y La Matanza
Ante la pregunta del legislador PRO Cristian Ritondo, Finocchiaro confirmó que el director de Seguridad en La Matanza es un comisario retirado Sergio Russo, ex socio del "espía" Ciro James en la empresa "Protec compañía de seguridad privada".
Según había denunciado días antes el legislador macrista Martín Borrelli, «James constituyó el 1 de junio de 2005 una sociedad con una participación accionaria del 30%, con el objeto social de seguridad privada, custodia de bienes y personas en general, denominada Protec Compañía de Seguridad SRL».
El ex comisario, director de Prevención y Protección de la Universidad de La Matanza, recibió varias distinciones durante su actividad en la Federal, de la cual se retiró en 2005. Entre sus destinos figura el paso como segundo jefe de la División Robos y Hurtos de la Superintendencia de Investigaciones Criminales, jefe de la Unidad Operativa del Departamento de Robos y Hurtos, y jefe de la División Robos y Hurtos, donde revistaba James como auxiliar de inteligencia.
