"Espero que no impongan un reglamento", se quejó Cristian Ritondo, titular del bloque PRO e integrante de la Comisión Investigadora en la Legislatura porteña. El diputado porteño adelantó así lo que es el primer punto de discusión de una nueva reunión del cuerpo legislativo a cargo de indagar sobre las responsabilidades políticas del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en las escuchas ilegales realizadas por Ciro James.
Y tras una serie de cuartos intermedios, la reunión comenzó con un pedido del PRO para impugnar al titular de la Secretaría (hoy, a manos de Gabriela Cerruti). Así lo explicó el legislador Martín Borreli: ?Nosotros ya sostuvimos que las autoridades carecen de legitimidad. Se habló de proclamación, y es una práctica propia de las monarquías, no del sistema democrático. Pero puntualmente, y con la versión taquigráfica en mano, nunca se proclamó el titular para la Secretaría. No hubo votación, ni asentimiento?.
Sin embargo, este pedido no prospero a raíz de la negativa del resto de los integrantes. Luego de una serie de entredichos, fueron acordando, punto por punto, una propuesta de reglamento enviado a la presidencia de la comisión por el legislador Raúl Fernández. El primero fue el objeto de la comisión.
Luego, abordaron otros puntos, como el quórum que tendrá la Investigadora: 9 miembros presentes; por otro lado, quedó establecido que las votaciones son nominales, con mayoría simple. Además, la potestad del presidente, Martín Houerst, para definir las votaciones: tiene voto doble, y es el encargado de suscribir las citaciones y pedidos de informes.
Según lo aprobado, la Comisión, además, ?tendrá potestad para requerir a entidades públicas y privadas todos aquellos informes o elementos que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. Puede también constituirse en oficinas públicas a los fines de solicitar toda aquella documentación conducente al curso de la investigación?.
Con relación a las citaciones, podrá citar a prestar declaración a los funcionarios investigados antes de emitir su dictamen. En este punto, el reglamento garantiza que los citados gozarán de todas la garantías del debido proceso y podrán negarse ?sin que ello se considerado una presunción en su contra?.
En la discusión, el macrismo intentó modificar varios puntos, pero muchas veces no lo logró. Sí hizo prevalecer su postura de que algunas reuniones de la Comisión sean reservadas, si así lo consideran los miembros en una mayoría absoluta. Todas las reuniones son públicas, con transmisión por circuito cerrado y a través de la web (www.legislatura.gov.ar).
Según el reglamento, el período para recibir pruebas finaliza el 1 de diciembre, y la Comisión tiene 15 días hábiles para emitir el informe final. Con la ley que creó la Investigadora, se estipulo, también, que la fecha tope para terminar la investigación es el 15 de diciembre, y no hay posibilidad de pedidos de prorrogas, salvo que así lo decida el Parlamento en una sesión ordinaria.
El informe final deberá llevar la firma de los integrantes y nadie podrá abstenerse. Además, será presentado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al presidente de la Legislatura, quien deberá convocar a una sesión especial a los efectos de dar tratamiento.
La próxima reunión de la Comisión fue acordada para el martes 7 de septiembre, a las 10.
