En menos de una semana las ansias macristas de un fin de año diáfano sufrieron los caprichos malintencionados de una traicionera realidad que se encargó de transformar los deseos de buenos augurios en presagios de tsunamis de origen judicial. Y todo sucedió en tan sólo tres días. Entre el último viernes y el martes de esta semana, las decisiones que la patria judicial tomó en torno a la causa del espionaje porteño desencadenaron las peores alarmas en las cercanías del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Según lo corroborado por Noticias Urbanas, luego de los últimos fallos judiciales, tanto sus funcionarios más íntimos como el propio jefe comunal están convencidos de que el juez federal Norberto Oyarbide citará a declarar al ingeniero.
La posibilidad de que Macri visite los tribunales de Comodoro Py recibió un espaldarazo clave el martes, cuando se conoció el dictamen de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que integran los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que confirmó el procesamiento y la prisión preventiva del ex jefe de la Policía Metropolitana, el ex comisario Jorge ?el Fino? Palacios, y todo lo actuado en la causa por Oyarbide. Fuentes tribunalicias le señalaron a NU que el aval dado por la Cámara Federal ?era el elemento clave que el juez federal esperaba para avanzar sobre el Jefe de Gobierno, ya que sin esa cobertura no podría aspirar a tanto?. Para los letrados que trabajan en el caso, el respaldo de los camaristas significa que coinciden con lo realizado por el magistrado y que no fallarán en su contra cada vez que alguno de los imputados recurra a ese tribunal superior. ?El mensaje que le enviaron es claro, lo están impulsando a que avance sobre Macri; que ellos lo bancan?, agregó una fuente de la investigación judicial.
A esto hay que sumarle la sorpresa que causó en la defensa de Palacios la medida adoptada por la Cámara Federal, ya que para el abogado Diego Richards, quien el viernes se presentó ante los camaristas para darles a conocer las pruebas que la defensa tenía para reclamar la inocencia del ex jefe de la Metropolitana, los magistrados descartarían la ?insostenible? imputación de asociación ilícita (delito con una pena de tres a 10 años de prisión) y dictarían la libertad condicional de su defendido. Sin embargo, los cálculos de Richards no se cumplieron, resultando todo lo contrario a lo esperado, complicando aún más la realidad procesal del Fino. El análisis posterior al fallo reflejó la preocupación de la defensa. ?Si el tribunal superior a Oyarbide fallaba en contra de lo actuado por él, las posibilidades de que el juez siguiera complicando la situación de Palacios disminuirían considerablemente, obligando a Oyarbide a seguir otra línea investigativa; pero al ocurrir lo contrario nadie se anima a pronosticar hasta dónde pueden llegar las imputaciones del magistrado, que con este voto de confianza no tardará en indagar a Macri por las escuchas ilegales?, analizó ante NU uno de los abogados que trabaja en la defensa del ex jefe de la policía porteña.
El viernes pasado, Oyarbide tomó una resolución que pretendía dejar en claro la probada responsabilidad, la cual no era nada menor, de los imputados en la causa, dictándole (en una resolución de 388 fojas) el procesamiento a 13 personas, acusándolas de integrar una asociación ilícita y aplicandoles un embargo a cada uno de 250 mil pesos. Los procesados eran: Palacios, Ciro James, Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana (policías de Misiones); el comisario inspector David Amaral (jefe de la División Homicidios de Misiones), el comisario mayor Antonio Fernández (jefe de la División Investigaciones), los jueces misioneros de Instrucción Penal, José Luis Rey y Horacio Gallardo y sus secretarías, Beatriz Kruchowski y Mónica González; y los empleados judiciales, Gregorio Busse, Javier Castelli.
Pero eso no fue todo. El lunes de esta semana el magistrado amplió los procesamientos de los acusados, sumándole el delito de fraude a la administración pública a los ya dictados de asociación ilícita y escuchas ilegales. La decisión del juez de doblar la apuesta, al procesar por delitos más graves a los implicados en la causa, se transformó para los macristas en la confirmación de que su jefe sería citado a indagatoria. Ante esa posibilidad, los operadores de Macri ya trabajan en varios frentes. Por un lado, existe la estrategia de victimizar al jefe comunal, haciéndolo pasar por un objetivo a perjudicar por el kirchnerismo a través de un magistrado afín al matrimonio presidencial, destacando el rápido fallo del juez que sobreseyó aquél en una complicada causa por enriquecimiento ilícito, apoyando el PRO el pedido de juicio político que la oposición realizó al conocerse la resolución judicial que benefició a los K. Por otro lado, el macrismo prepara a varios operadores judiciales con la misión de lograr un acuerdo razonable con Oyarbide. A pesar de ello, con el correr de los días las tácticas de defensa se expanden como plaga en el cuartel general de Propuesta Republicana.
