El laberinto de una reforma

El laberinto de una reforma

En la Legislatura hay varios proyectos para dotar a la Ciudad de un Código Electoral y una Ley de Partidos Políticos. El del PRO tiene despacho de mayoría, pero en sus filas se ven fisuras.


El que pega primero pega dos veces, pero es incuestionable que el que ríe último ríe mejor. Si de la competencia por la Reforma Política hablamos, la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en llevar el tema a su Parlamento, pero la Nación podría ser quien coloque primero la bandera. Mientras los K no dejan de negociar en el Congreso con propios y ajenos para sumar votos (más aún de los que necesitan para convertir en ley la reforma), en la Ciudad se ven fisuras dentro del PRO para impulsar su propia iniciativa.

En la pasada Sesión Especial por Comunas que se realizó en la Legislatura, varios diputados, oficialistas y opositores, expresaron la necesidad de crear la Ley de Partidos Políticos y de dotar a la Ciudad de su propio Código Electoral (Alicia Bello, Fernando Cantero, Silvia La Ruffa, Martín Hourest, Juan Manuel Olmos, Facundo Di Filippo, Gonzalo Ruanova y Diego Santilli, entre otros). Ante este reclamo ?y varios días antes de que Florencio Randazzo presentara el proyecto de Reforma Política del Ejecutivo Nacional en el Congreso?, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, presidida por Marcelo Godoy (PRO) despachó 10 proyectos sobre la materia.

?Hace 6 años que se habla de la reforma política, pero a la hora de votarla hay diferencias técnicas que impiden que se convierta en ley. En la Ciudad se necesitan dos tercios de la Legislatura, mientras que en la Nación sólo se requiere la mayoría absoluta de las Cámaras, la mitad más uno?, comentó Godoy, autor de los despachos de mayoría que podrían dotar a la Ciudad de un Código Electoral propio y una Ley de Partidos Políticos. El diputado cuenta con el aval del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

?El Código plantea dos ejes innovadores: la boleta única, incluyendo nuevas tecnologías, y que la autoridad electoral sea judicial (un juzgado de primera instancia electoral rotativamente a cargo de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con una secretaría permanente responsable de la organización, siendo el Fiscal General porteño responsable de la fiscalía electoral). Sobre la boleta única, el proyecto establece que primero se puede hacer en papel y luego pasar al voto electrónico, pero también permite que haya un sistema mixto?, describió. El sistema también es propuesto por los autores de dos despachos de minoría (Martín Hourest, de Igualdad Social, y Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica), mientras que los proyectos de Silvia La Ruffa (Identidad Porteña) y Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) no lo comparten.

?La boleta única sirve para comicios binarios ?un ballotage, por ejemplo?, pero no para listas de legisladores. Es un sistema para circunscripciones chicas, no como la Ciudad de Buenos Aires?, explicó La Ruffa.

Sobre la autoridad de aplicación, las propuestas de la minoría son variadas. Con una secretaría o dos, La Ruffa, Ibarra y Abrevaya coinciden en que se debe crear un juzgado electoral, con un juez especialmente dedicado a su funcionamiento; Hourest plantea la creación de una estructura colegiada, un Instituto Electoral para organizar y monitorear la elección y los gastos de campaña y con la facultad de emitir juicios con mayor visión objetiva. ?Apunta a evitar la relación entre Justicia y política que puede viciar el acto electoral. Quisiera ver a los que dicen que están en contra de los manejos del Ministerio del Interior o del juzgado de Servini de Cubría, cómo se comportan a la hora de legislar para su distrito en esta materia?, dijo el legislador de Igualdad Social.

También hay diferencias en la fecha de las elecciones. El PRO propone que los comicios se realicen entre 60 y 90 días antes de finalizar los mandatos. La Ruffa plantea como fecha entre el último domingo de septiembre y el último de octubre ?para favorecer la organización conjunta con las elecciones nacionales?. Ibarra propone ir a las urnas en agosto, y Hourest, el primer domingo de junio. En la prohibición de candidaturas múltiples y de condenados y procesados por delitos contra los Derechos Humanos hay coincidencias en varios despachos. También existen propuestas de llevar al 50 por ciento la ley de cupo (un varón y una mujer alternativamente), que se obligue a asumir el cargo a quien sea elegido para evitar las candidaturas testimoniales, y la sanción con trabajos de utilidad pública a quien no vote o no cumpla como autoridad de mesa.

COMPLICACIONES

?Para que se apruebe el Código Electoral no habría mayores problemas, pero es un combo que viene con la Ley de Partidos Políticos y ahí sí que lograr los 40 votos se complica?, retumbó una voz en los laberínticos pasillos legislativos. ?En las formas, los legisladores macristas apoyan el despacho de mayoría, pero no se está viendo a Santilli o Moscariello buscando votos. Desde el Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta es el que incentivó a Godoy para que avanzara con la reforma, pero tampoco se lo ve al jefe de Gabinete tejiendo acuerdos legislativos. Para otros proyectos están negociando a full; en esto lo dejaron solo a Godoy?, comentó en off the record un legislador consultado. Sin embargo, asesores de Godoy remarcaron que el jefe de Gabinete, en su última exposición en la Legislatura, subrayó la necesidad de avanzar en la reforma.

Un eje fundamental de la Ley de Partidos Políticos es la creación de los partidos comunales. En los proyectos de Godoy, La Ruffa y Abrevaya, los partidos locales necesitarán 4.000 adhesiones-afiliados para obtener el reconocimiento partidario, y los comunales 400, mientras que Hourest plantea bajar aún más el piso y establecerlo en 2.000 y 200.

?También planteamos la creación de un fondo para partidos políticos, el cual será distribuido proporcionalmente entre partidos comunales y locales. El 30 por ciento de los recursos deberá destinarse a formación política e investigación?, señaló Godoy.

En tanto, La Ruffa recalcó que en su proyecto se prioriza que el 60 por ciento de los fondos de los partidos deben ser destinados a la capacitación y sólo el 40 puramente al mantenimiento.

Duramente crítico del despacho de mayoría sobre partidos políticos, e impulsor de un dictamen de minoría que propone el archivo del expediente, Aníbal Ibarra subrayó que mientras la ley nacional establece un piso de gasto del 20 por ciento para financiar actividades de capacitación, ?en este caso se establece una cifra que sería del 30 por ciento, ya no sería un piso sino un techo a la vez. Esta forma de establecer los porcentajes, tan rígida, obliga a hacer ingentes esfuerzos para cumplir con la ley. Imaginemos que un partido gasta el 32 por ciento del dinero en capacitación. Estaría incumpliendo la ley y quedando sometido a sanciones. La innumerable cantidad de vacíos, errores conceptuales y disposiciones carentes de razonabilidad no permite siquiera proponer modificaciones al texto que se presenta?.

?Un tema fundamental es el financiamiento. Nosotros estamos prohibiendo los aportes de personas jurídicas y la compra de espacios de publicidad por parte de los partidos, entre otros puntos?, destacó Hourest, reconociendo en la regulación del ingreso y uso de recursos uno de los principales escollos para la sanción de la reforma porteña.

INTERNAS OBLIGATORIAS… ¿PARA QUIÉN?

Godoy, La Ruffa y Hourest proponen un sistema de internas obligatorias, pero aunque en el texto se parezcan, no plantean lo mismo. ?Los partidos estarán obligados a realizar internas simultáneas, pero, a diferencia del proyecto que impulsa el Gobierno nacional, en el Congreso (similar al despacho de La Ruffa), podrán ser abiertas o cerradas de acuerdo a lo que defina cada partido en su carta orgánica. El espíritu de la ley no es obligar al ciudadano a participar de internas partidarias?, subrayó el legislador PRO.

?El voto es secreto y obligatorio. Los ciudadanos pueden votar en la elección interna abierta de sólo un partido o alianza. La emisión del voto se registra en el documento cívico utilizado?, establece el despacho de La Ruffa, coincidiendo con la propuesta de Hourest. ?Tomamos el modelo del proyecto nacional para el sistema de internas, que funciona muy bien en Uruguay. También se establece que para participar de elecciones se debe obtener una cantidad mínima de votos. Esto permitirá que los candidatos sean representativos y que la ciudadanía tenga dos momentos para la conformación de su dirigencia gobernante?, describió la legisladora.

?Lo mejor es el juego libre. Hay partidos que nunca han alcanzado una cifra de votos suficientes para tener representación en el Congreso, por ejemplo el Partido Obrero, ¿debería entonces no acceder a las elecciones? Yo creo que no, esa posibilidad debe subsistir. La democracia no es sólo el gobierno de las mayorías, es la existencia de las minorías. Si se sancionan las internas abiertas obligatorias, hay que poner pisos bajos?, remarcó Abrevaya.

DE LA COCINA, ¿AL FREEZER O A LA MESA?

Más allá del trabajo en comisión, varios legisladores coinciden en que la reforma ?no va a salir?, entre otras razones porque ?el radicalismo no tiene representación en la Legislatura, el peronismo no está unido ni tiene una posición tomada? y ?no participó de la discusión la segunda fuerza? de las últimas elecciones (Proyecto Sur).

También están los que reconocen una influencia negativa del proyecto K. ?Los que están vinculados a partidos grandes, incluso algunos sectores del macrismo, están más pendientes de lo que vote el Congreso que de lo que se discute en la Ciudad. Los que hoy tienen el poder de negociar y juntar votos no piensan en la Legislatura ni en las comunas, o sí, pero para que sus estructuras se apoderen de ellas y no los vecinos. Están mirando hacia el Ejecutivo porteño o pensando en las elecciones nacionales de 2011?, dijo ofuscado un representante de las minorías. ?Hoy no hay 40 votos, y tampoco se ve voluntad del PRO para juntarlos. En estas condiciones la reforma porteña es imposible?, remarcó.
?Que se sancionen estos proyectos depende de una decisión de Macri, excede la discusión legislativa. Si Macri se monta en el debate del Congreso e impulsa su propia reforma puede influir positivamente para que se logre la sanción en la Legislatura. Pero hasta el momento Macri se mantiene al margen?, consideró Hourest.

?Cuando el PRO no tiene voluntad no despacha, para mí sí hay voluntad?, subrayó Abrevaya.

?Imposible no es pero no está cerrado el tema?, reconoció el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli. ?Faltan resolver en comisión algunos puntos para lograr los acuerdos y los votos?, dijo.

Sobre la ingerencia en la Ciudad de la reforma K, Santilli reconoció: ?Influye, claro, hay una coincidencia en la temática; pero que influya no quiere decir que no podamos seguir avanzando hasta tanto no se vote en el Congreso. Yo creo en las internas abiertas, pero la Nación está limitando la participación de los partidos menores y fomentando el bipartidismo. Nosotros queremos fomentar la participación de los partidos chicos para darles mayor representación a los vecinos. Hay partidos históricos como el Socialista, que con la Ley Nacional podrían quedar afuera del juego?.

?Si bien es difícil, ésta es la mejor oportunidad para realizar la reforma política. Espero que coincidan los hechos con las palabras, para saber a ciencia cierta si era una verdadera voluntad o simples declaraciones para la tribuna?, concluyó Godoy sin dejar bien en claro a quién se dirigía.

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