El traslado de la sede del Ejecutivo porteño y sus ministerios a un Parque Cívico de 19 hectáreas a establecerse en Barracas, es la obra de mayor envergadura proyectada por el gobierno de Mauricio Macri. La posibilidad de su realización está supeditada a la obtención de financiamiento. Para conseguirlo, Macri impulsa la concesión al sector privado por 30 años de 15 edificios hoy ocupados por distintas dependencias gubernamentales.
Así lo dispone un proyecto de ley que comenzó a debatirse ayer, en la reunión que asesores legislativos mantuvieron en la comisión de Obras Públicas de la Legislatura, a propuesta de su presidente, Cristian Ritondo.
Hasta la gran epidemia de fiebre amarilla, o vómito negro, que en 1871 mató al ocho por ciento de su población, Barracas era el principal barrio residencial de Buenos Aires.
El proyecto cuyo plan original prevé la desaparición de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano, equivale
en el plano local al frustrado traslado de la Capital Federal a Viedma-Carmen de Patagones propuesto por el ex presidente Raúl Alfonsín, quien poco antes de morir confesó que no haber
podido concretarlo fue la mayor frustración de su vida. Y al igual que sucedió con aquel traslado, la posibilidad de mudar
el Ejecutivo porteño en tiempos de crisis suscita muchos
interrogantes.
Como la ampliación de los subtes, la obra se encuentra paralizada en un estadio menos que nonato por falta de fondos.
El proyecto de ley presentado por Ritondo ante la comisión de Obras Públicas prevé concesionar hasta por tres décadas edificios tan emblemáticos como el del ex Mercado del Plata y los que ocupa la Procuración General en la calle Uruguay al 400, a fin de conseguir el dinero imprescindible para impedir que el plan aborte.
El texto detalla que entre los ?objetivos y anhelos? postergados descuellan el ?desarrollo económico y social del sur de la Ciudad? y ?la creación de un Centro Cívico de acuerdo? al ?estatus y envergadura? de la urbe. Además de ?la promoción de obras de infraestructura estratégicas?; ?la descompresión del Centro y Microcentro? y ?la revalorización del patrimonio edilicio? de la Ciudad. Por fin, añade que la concesión de los edificios señalados (ver recuadro) permitirá concretar esos objetivos sin modificar el presupuesto ni aumentar ?las cargas a los contribuyentes?.
Comme en la France
Los inmuebles escogidos, puntualiza el proyecto, ?tienen una edad promedio de 60 años? y están faltos de mantenimiento,
por lo que su ?puesta en valor? requiere de ?inversiones significativas?. Según ?estudios? que el Gobierno habría encargado pero que el texto no especifica, varios de estos edificios, una vez refaccionados, admitirían ?usos alternativos?. Por lo que, tal como apunta que sucede en la Francia de Sarkozy, aquellas inversiones bien pueden dejarse en manos de quienes las concesionen, desafectándose
así partidas que el Gobierno podrá aplicar ?a nuevas
inversiones en infraestructura, sin disminuir ni enajenar ninguno de estos inmuebles?.
Los considerandos del proyecto insisten en que, siendo ?los recursos presupuestarios insuficientes? para encarar grandes
proyectos de inversión en infraestructura, ?es indispensable?
recurrir a ?nuevos mecanismos e instrumentos? capaces
de generar ?nuevas fuentes de ingresos?. Mecanismos que, asegura, ya han sido probados ?en muchos países y ciudades? a los que, con la mencionada excepción de Francia, no nombra; aunque sí señala que la experiencia colectada en aquellas naciones y metrópolis habría demostrado fehacientemente que siempre que la legislación prevea ?las garantías e incentivos necesarios?, el capital privado
financia ?la concreción de obras públicas que de otra manera
demandan años y un gran esfuerzo del Estado?.
Si se convierte en ley ?enuncia el proyecto? habrá ?un incremento patrimonial sustantivo? al construirse nuevos inmuebles y revalorizarse los concesionados, de modo que dentro de 30 años la Ciudad ?dispondrá de una cartera de inmuebles estratégicos por su ubicación y su valor
patrimonial?.
El nuevo Centro Cívico, agrega, generará ?un gran impacto? en el postergado sur de la Ciudad. Y la aprobación de la ley propuesta le ?permitirá al Poder Ejecutivo, a través de la correspondiente reglamentación, el llamado a licitación pública para la construcción del Centro Cívico en el que se reubicarán las dependencias que conforman la Administración Pública, así como de las demás obras vinculadas?.
Por fin, asegura que será ?su construcción previa, condición
indispensable para la entrega efectiva de la posesión de la concesión, cuyo otorgamiento se propugna en carácter de contraprestación?. Es decir, que no se entregará ningún edificio antes de que todas las dependencias gubernamentales se hayan mudado al flamante Centro Cívico.
El proyecto de ley consta apenas de cinco artículos; uno de forma. El primero autoriza a llamar a licitación pública para concesionar los edificios, y el segundo establece que el canon pagado se aplicará ?en forma exclusiva e irrevocable, a la construcción de los edificios del Centro Cívico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obras vinculadas, en el emplazamiento dispuesto y de conformidad con el Plan Maestro Centro Cívico Siglo XXI?.
Además de la aprobación por la Legislatura, la conversión del proyecto en ley requiere la celebración de una audiencia pública. Ritondo señaló que lo defenderá ?a capa y espada? en la comisión y en la Legislatura, porque la descentralización resultante de su puesta en ejecución será ?muy beneficiosa para los vecinos en general y particularmente para los de los barrios del sur de la Ciudad?.
Elogios y prevenciones
Cuando se le dice que arquitectos y urbanistas extranjeros elogian el proyecto de mudar la sede del Gobierno porteño a Barracas pero que también hay voces que alertan acerca de que el interés público sea relegado en beneficio de los intereses privados, Ritondo recuerda que otros jefes de Gobierno, como Fernando de la Rúa y quien lo reemplazó cuando aquél fue electo presidente, Enrique Olivera, analizaron esa mudanza, pero desistieron por falta de financiamiento.
El diputado estimó que, en promedio, el metro cuadrado de los edificios que el Gobierno propone concesionar está valuado en mil dólares. Y aseguró que vincular la erradicación de los hospitales Moyano y Borda con la aprobación de la ley ?no es la idea?. Sin embargo, el vocero de uno de los ministerios involucrados en el planeado traslado reconoció
en off que una de las prendas de negociación con la oposición será muy probablemente mantener en su actual ubicación (al menos, en sus principales edificios) a los hospitales Borda y Moyano. El oficialismo hace así de la necesidad virtud. Porque de los 10 pequeños hospitales con que proyectaba reemplazarlos, sólo están construyéndose los tres que autorizó la Legislatura, ya que los otros siete estaban proyectados en zonas calificadas UP (Urbanización Parque). Mudar en un futuro próximo esos hospitales es materialmente imposible.
El arquitecto Guillermo Gutiérrez Russo es miembro del Consejo de Planeamiento Urbano y asesora a Eduardo Epszteyn, jefe del bloque de Diálogo por Buenos Aires, quien fue secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano de Aníbal Ibarra, y actualmente integra la comisión de Obras y Servicios Públicos. ?El traslado no parece fácil. El proyecto es cada vez menos viable y no creo que vaya a concretarse? porque enfrenta ?muchas dificultades?, dice Gutiérrez Russo. Además, es particularmente escéptico acerca del alquiler por 30 años de edificios como los del Mercado del Plata y la Procuración, lo que le parece tan ?desatinado? como esperar que las refacciones hechas ahora puedan ser tecnológicamente aprovechables dentro de tres décadas.
Un arquitecto que asesora al Ministerio de Desarrollo Urbano señaló, en cambio, que el proyecto surgió de un ?llamado a concurso internacional que dio sus frutos con 52 propuestas de todo el mundo, que permitieron elegir y visualizar la Ciudad como metrópoli internacional. La propuesta ganadora
sustentó sus premisas en la consolidación de un espacio universal, de un parque a escala ciudadana, de carácter fuertemente simbólico, que valora al peatón y la mezcla y versatilidad de usos. Es una propuesta respetuosa del patrimonio arquitectónico y consolida el tejido urbano?.
Gutiérrez Russo consideró que tampoco podrá hacerse el anunciado túnel por debajo de la avenida 9 de Julio que conecte las autopistas Arturo Illia y Arturo Frondizi, a causa de grandes dificultades técnicas. ?Por debajo del Obelisco pasan tres líneas de subte y el túnel tendría que pasar por debajo de ellas. Para que se pudiera ingresar a esa autovía por Santa Fe, la avenida tendría que comenzar a soterrarse poco después de Callao, lo que implica su desaparición. Y no creo que los vecinos toleren que se destruya la avenida Santa Fe?, explicó.
La impronta
Curiosamente, el arquitecto cree que la obra que sí se hará, será el llamado ?Parque Central Norte?. Se trata de la fusión de Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador a la altura de la Facultad de Derecho, que dará lugar a una nueva autovía rápida llamada Facundo Quiroga, que tendrá 12 carriles, permitiendo agregar 33 hectáreas a los menguados bosques de Palermo. Gutiérrez Russo se burla del nombre elegido,
del ?central? calcado del Central Park neoyorquino, ya que ?basta mirar el mapa para darse cuenta de que ese parque
de central no tendrá nada. Sería más lógico que se llamara
Parque Lateral Norte?. El arquitecto cree que esa obra no servirá en absoluto para su presunto objetivo de descongestionar el tránsito, pero aun así cree que se hará. Razona que ?el gobierno de Macri, un ingeniero, necesita dejar
una huella, una impronta que lo identifique, y como las otras obras no las va a poder hacer??.
Ante esta perspectiva, la arquitecta Inés Schmidt, docente
e investigadora de la UBA, opinó que las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador son ?muy fuertes, tanto que incluso
quienes vienen de afuera las identifican?, por lo que su desaparición sería una catástrofe urbanística.
(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 200, DEL 06/08/09).
