Aunque no lo admitan públicamente, en el ibarrismo una de las cuestiones que más los enfurece de esta Ley, es que sea Daniel Scioli uno de los impulsores de la misma. El secretario de Turismo y Deportes de la Nación no pierde oportunidad de inmiscuirse dentro de sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires, la misma que lo proyectó al ámbito nacional y en la que se encuentra anotado, trabajando sigilosamente, para las próximas elecciones.
El detonante ahora fue la Ley de Seguridad en los espectáculos deportivos, un problema sin solución en los últimos años en la Argentina. Aníbal Ibarra cuestiona que se ignoren las competencias de la Ciudad Autónoma en el rubro de habilitaciones, multas y clausuras de considera "ajenas a cualquiér decisión federal. Esto nos pone en peor situación que cuando la Ciudad tenía status de Municipalidad sin la autonomía. Es claramente anticonstitucional y no lo padecimos ni en los peores gobiernos de facto" disparó enfurecido el jefe de Gobierno.
La iniciativa que tuvo su gérmen en la secretaría de Seguridad Interior y la de Turismo y Deporte, avanza con el regimen penal sobre el incumplimiento de las normas para los espectácilos deportivos y reglamenta las penalidades desde la órbita federal, siéndo este último el punto en cuestión del debate que se viene. Mas teniendo en cuenta que las Provincias podrán adherir o no, estableciéndose únicamente la obligatoriedad para la Ciudad de Buenos Aires. Ibarra afirmó que tiene "poder de policía en el puerto y en el aeropuerto local, pero no la podremos tener en los estadios, es ridículo".
El nuevo conflicto de poderes que se agrega a la policía, el puerto, la justicia y tantos otros, trascendió que será objetado desde la Procuración que dirige Juan Carlos López, intentando demostrar que se avasalla derechos y competencias de la Ciudad Autónoma e ingresa "en un terreno anticonstitucional". Ibarra aceptó de todos modos que hay que mejorar la legislación acerca del deporte incluso modernizando el regimen penal. El gran problema radica en que no tiene fuerza política en las cámaras nacionales para detener allí los artículos de la discordia.
