Tal como lo anunciara NOTICIAS URBANAS, el Gobierno porteño planea impulsar por decreto la colocación de obleas en los ascensores de la Ciudad como garantía de control de los mismos. La información fue confirmada por el ingeniero Eduardo Appartin, asesor de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, especializado en el tema.
"Hay una gran voluntad política de Aníbal Ibarra y de la secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giúdici de llevar adelante la iniciativa", aseguró el funcionario. La oblea tendrá doce espacios en los que el conservador o representante técnico colocará un sticker que, según el estado del ascensor, podrá ser verde, amarillo o rojo. El primero expresa que el elevador está condiciones normales de operación, el segundo, que opera con deficiencias técnicas y el tercero directamente prohíbe su utilización.
Actualmente, la normativa que se planea modificar indica que debe colocarse una tarjeta con los datos del conservador en la sala de máquinas y un sticker dentro del ascensor en el que figuren los datos del conservador para lograr una reparación rápida en caso de necesidad. Las observaciones se anotan en el libro de inspección.
"Sin embargo, lo que generalmente sucede es que se coloca la tarjeta con la firma del conservador en el coche, la cual, lo único que hace es acreditar que el técnico pasó a controlar, no que el ascensor está en buen estado. Pero la gente al verla confía en que el elevador está en buenas condiciones cuando en realidad puede tener deficiencias", explicó Appartin. "En cambio -continuó el ingeniero- la oblea se colocará en la puerta del ascensor, por lo que la gente inmediatamente conocerá su estado".
El asesor precisó los precios de las obleas -en un principio había trascendido que costarían entre 30 y 50 pesos- y negó que se tratara de un impuesto, ya que tendrán un costo ínfimo que servirá para cubrir los gastos de impresión. Según aseguró, costará diez pesos anuales por ascensor. A su vez, voceros de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal aseguraron que esta cifra sería pagada por los consorcios y no por cada departamento.
Appartin manifestó además que, de funcionar esta experiencia satisfactoriamente, podrían extenderla hacia otras áreas de los edificios susceptibles de control -como las calderas y los sistemas anti incendios- o a la totalidad misma del inmueble. También destacó que redactaron un manual en el que están codificadas las anomalías que pueden tener los ascensores. "De esta manera, cada conservador anotará en el libro de inspección con un lenguaje unificado y se evitarán los problemas de interpretación", puntualizó el funcionario, que agregó que en el manual figuran también los colores con los que deberán representarse las anomalías. "Si una cuestión implica que debe ponerse el sticker amarillo o el rojo, esto es motivo suficiente para su colocación, por más que el resto del ascensor esté en perfectas condiciones", aclaró Appartin.
Otra de las iniciativas que se están llevando a cabo en relación con los elevadores es la realización de un censo en el que se verifica quiénes son los conservadores, si están incluidos en el registro y si hay un libro de inspección. Para realizar la encuesta se reclutaron estudiantes de los últimos años de Ingeniería de la UBA, a partir de un convenio que la Secretaría de Gobierno y Control Comunal firmó con esa Facultad. En la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro remarcaron que la medida cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Ascensores, de la Cámara de Fabricantes de Ascensores y del SUTERH. El censo comenzó el 18 de julio y durará diez meses. Ya fueron encuestados 1.800 edificios del microcentro que poseen, al menos, un ascensor.
