Mientras el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, responsabilizó a los medios por un trato desigual con el Gobierno nacional y solicitó que tuvieran una actitud equitativa para un tema como "el dipu trucho" porteño, el especialista en Derecho Constitucional, Gregorio Badeni, reconoció que la votación realizada el pasado 4 de diciembre en la Legislatura porteña fue "irregular" pero que aclaró los votos dobles realizados por diputados en nombre de legisladores presentes en el recinto pero alejados de sus bancas, no alterarían el resultado de dichas votaciones, ni la validez de las normas sancionadas.
"Esas faltas no son de mala fe, no hubo dolo, ni malicia. Hay que reducir la intensidad que se le ha dado a este hecho y hay que evitar dañar la institucionalidad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires", expresó Badeni, minutos antes del inicio de la sesión especial convocada este martes para tratar las leyes cuestionadas.
Tras resaltar que la competencia para anular normas es de la Justicia, el jurista consideró que la intervención de dicho Poder no tendría "un interés legítimo" ya que los votos dobles puestos en tela de juicio, no alterarían el resultado de la sanción.
"Son errores injustificables, pero eso no le acarrea ningún daño a la validez de las normas sancionadas", concluyó Gregorio Badeni ante C5N.
Daniel Sabsay y Félix Loñ, serán los próximos expertos en Derecho Constitucional que pasarán por el despacho de Vicepresidencia Primera para dialogar con los presidentes de todos los bloques y autoridades de la Legislatura a fin de expresarles sus opiniones jurídicas y evitar conflictos de poderes ya que, frente a la votación irregular las posturas son diversas: están quienes consideran que el Poder Ejecutivo es quien debe vetar las normas sancionadas con un método de votación fuertemente cuestionado; otros que plantean que la Legislatura debe aprobar un proyecto de derogación de las mismas y finalmente quienes, como es el caso de Badeni, remarcan que es el Tribunal Superior de Justicia el órgano con competencia para dirimir la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Legislatura.
