En el año 2002, el diputado local Jorge Giorno (Partido de la Ciudad) presentó un proyecto de ley en la Legislatura para resguardar, proteger y preservar la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, y asegurar su equilibrio ecológico "con fines recreativos, educativos y científicos". La iniciativa también abarca la creación de un Organismo de Gestión de la Reserva, integrado por académicos y representantes de ONG’s, cuyas autoridades sean elegidas a través de una asamblea general cada dos años.
Fuentes de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña informaron que el proyecto fue incluido en el orden del día en una sesión parlamentaria hace alrededor de 20 días, ya que el bloque del Partido Justicialista pidió que se tratara como una preferencia para ser aprobado con urgencia. "Pero la sesión finalizó antes de lo previsto, el proyecto quedó en la puerta de ser sancionado", explicó un funcionario de la Comisión de Ecología, quien aclaró que aún se espera su tratamiento en el Recinto.
Por estos días, el ex defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Antonio Elio Brailovsky, expresó su preocupación por la iniciativa -que ya cuenta con despacho parlamentario- y consideró que la Legislatura porteña se apresta a tratarlo "con una innecesaria urgencia".
QUÉ DICE EL PROYECTO
El proyecto legislativo plantea que la Secretaría de Medio Ambiente porteña sea el organismo que implemente los planes y fije las normas para proteger, cuidar y conservar la Reserva Ecológica. La dependencia se encargaría de administrar los recursos humanos y materiales del lugar, inventariar las especies vegetales y animales del área, y proveer los elementos materiales y humanos para su mantenimiento, vigilancia y control. Además -aclara- deberá llevar a cabo una política de gestión ambiental, "en concordancia con la legislación vigente".
También propone la creación de un Organismo de Gestión de la Reserva, integrado por representantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y de representantes de ONG’s ambientalistas, elegidas a través de una asamblea general, por simple mayoría. En los fundamentos, Giorno remarcó que en la historia de la Reserva, hasta el momento, "estuvo ausente la participación ciudadana en las decisiones fundamentales".
El Organismo de Gestión se encargaría de asistir en el manejo general y la gestión de la Reserva, estudiar los problemas técnicos y proponer la confección de planes y programas. En cuanto a la política ambiental, el proyecto establece que, como Reserva Ecológica, el lugar debe mantenerse sin parcelamientos, rellenos, pavimentaciones ni edificaciones. Y especifica que no se debe alterar la costa "por obras o acciones humanas que modifiquen su condición natural".
Entre las medidas de protección de las áreas naturales de la Reserva, el proyecto plantea que se garantice "el cuidado integral de la reserva en sus ambientes acuáticos, terrestres, y aéreos", y que se preserve "su riqueza y diversidad, requiriendo un cuidado ambiental".
También establece que todo emprendimiento proyectado en la Reserva y en las zonas linderas que puedan producir modificaciones o efectos negativos sobre el ámbito del lugar "deberá contar con una evaluación de impacto ambiental previa, durante y posterior, según Ley 123" y sus modificaciones.
"Es necesario contar con una legislación específica para la Reserva dada la historia reciente de avanzar con los emprendimientos privados por sobre los intereses públicos, que además conlleva la aplicación de políticas erradas en desmedro de la protección ambiental", aclaró el presidente del Partido de la Ciudad en su proyecto.
A través de un artículo único, la propuesta también especifica que, de resultar sancionado, las futuras autoridades "deberán realizar las acciones pertinentes para la recuperación de las tierras que fueran cedidas como cesión de uso gratuita según un contrato celebrado entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Concesionaria Vial Metropolitana S.A".
Giorno manifestó que el valor fundamental de la Reserva "reside en su utilidad social y educativa. Se podría decir que es un aula abierta, donde la gente accede a fenómenos naturales y a especies que se desarrollan por las características agrestes que el lugar posee".
"La Reserva, como lugar de esparcimiento y contacto con la naturaleza, nos da la oportunidad de visitar, conocer, y comprobar que existen lugares donde nada se compra ni se vende, un lugar donde la población puede librarse del tránsito automotor y, en cambio, opte por ir a lugares tranquilos, respirando aire puro", apuntó el autor de la iniciativa.
QUÉ DICE BRAILOVSKY
"Se trata de un tema sensible y en el cual ya existen normas vigentes. Por eso, me parece un error aprobar un cambio de esas normas sin una adecuada discusión en la sociedad, que no se ha intentado realizar", opinó Brailovsky.
A pesar de estar en desacuerdo con su inmediata sanción, el ex defensor destacó que "hay algunos aspectos elogiables en el despacho a tratar, como es proveer los cargos de dirección por concurso público y abierto". Pero en un tono más serio, subrayó que "hay aspectos que merecen un debate amplio, como lo es la relación con las ONG’s. Y hay un aspecto absolutamente cuestionable, que es la eliminación de la obligatoriedad de contar con un Plan de Manejo".
Brailovsky expresó que contar con un Plan de Manejo "es una característica esencial de toda Reserva Ecológica. Se trata de un error, simple ignorancia, o hay un intento de modificar las características de la Reserva Ecológica?", preguntó.
"No hay manera de gestionar una reserva ecológica sin un plan de manejo, que es la definición de que se va a hacer allí, a un largo plazo. En el caso de la Reserva, establece cuál es el criterio general de las cosas, cómo se manejan los ecosistemas del área, las estrategias para el uso de estudios universitarios y el uso turístico", ejemplificó el ex ombudsman.
"El proyecto debería tenerlo en cuenta y no lo tiene", añadió Brailovsky, para quien la omisión podría significar "una estrategia para algo".
LA RESERVA Y UN VECINO PELIGROSO: PUERTO MADERO
En un informe elaborado por la Defensoría, Brailovsky sostuvo que es una ingenuidad analizar cualquier proyecto sobre la Reserva sin tener en cuenta la sombra de Puerto Madero. "Para quienes invierten en esta zona, la Reserva Ecológica tiene que ser un área recreativa que sea complementaria de Puerto Madero", dijo el ex funcionario.
Además de nombrar a la controvertida propuesta de algunos sectores de hacer pasar la Autopista Ribereña por la Laguna de los Coipos, de la Reserva, Brailovsky afirmó: "Hay muchas personas que piensan que las grandes torres que se construyen en Puerto Madero no cumplen con las normas que especifica el Código de Planeamiento Urbano. El tema está en la Justicia, que deberá decidir si efectivamente la torre de 160 metros que acaba de terminarse tiene los papeles en regla o si tiene, como sostienen los denunciantes, quince pisos de más".
También explicó que si la Justicia le diera la razón a los denunciantes, a los constructores de la torre -quienes tendrían además otras "en camino"- les quedarían dos opciones: demoler los quince pisos que estarían sobrando o gestionar un reforma del Código de Planeamiento Urbano.
"Pero el Código de Planeamiento es un texto integrado -continuó el ex defensor-, con bastante coherencia interna. Hemos consultado a varios urbanistas, quienes coincidieron en que la mejor manera de blanquear una torre que eventualmente se hubiera construido con más pisos de los autorizados es, en primer lugar, volver a una cláusula del anterior Código de Planeamiento que permitía una mayor cantidad de pisos; y en segundo término, cambiar la categorización de la Reserva Ecológica y transformarla en un espacio verde como cualquier otro".
Aunque señaló que esto era solamente "una hipótesis de tipo didáctico", Brailovsky sostuvo que "puede darnos una idea del juego de intereses que se mueven detrás de propuestas en apariencia tan anodinas como la de eliminar un Plan de Manejo".
