El mismo slogan dicho una, dos, mil veces. Repetición infinita, a la par, en simultáneo. Resultado de una jornada de campo y brainstorming, o consejo de un ecuatoriano barbudo. Y sirve para todos: cartoneros que ocupan plazas; piqueteros que se movilizan por las calles; dirigentes que usan las plazas de camping. "El espacio público no se negocia", la frase de batalla de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, del Gobierno porteño, todo.
No se negocia, quizá, el costado social y de libre acceso (depende los casos, por supuesto); pero el comercial y restrictivo es objeto de discusión desde que Macri decidió enviar a la Legislatura un proyecto para regular la cantidad de publicidad en la vía pública e impulsar la licitación de Mobiliario Urbano, que no se realiza desde hace más de diez años.
La embestida judicial iniciada por Spinazzola, empresa que hace una década explota los avisos en los refugios de las paradas de colectivos y que en primera instancia quedó fuera del proceso licitatorio, y su correlato con el protagonismo del juez en lo contencioso y administrativo Andrés Roberto Gallardo, que frenó todo, son parte de una movida empresarial para anular la licitación que pretende cambiar las reglas de juego, porque cambian empresas, montos de contratos y obligan a inversiones millonarias.
EL CONFLICTO Y LOS ACTORES
Actualmente, hay tres empresas que manejan la explotación del Mobiliario Urbano. Una es Publicidad Sarmiento, cuyo propietario es el mendocino Osvaldo Terranova, ligado al grupo Vila-Manzano y a Nicolás Caputo -íntimo de Macri-, y que actualmente explota mil pantallas iluminadas. La otra es Grupo del Sur, propiedad de los hijos de Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación, que tiene a su cargo la cartelería de papel. La tercera es la mencionada Spinazzola.
El proceso licitatorio se tendría que haber realizado hace más de diez años, vencido el último contrato. A partir de allí, se fueron prorrogando los contratos de forma anual a cambio, según aseguran desde el gobierno, 400 mil pesos. Con la llegada de Macri, y el llamado a licitación, las tres empresas buscan mantener el monopolio de un negocio que mueve más de 180 millones de pesos anuales y no quieren saber nada con nuevos competidores, como Viacart S.A., que estaría ligada a Daniel Hadad y que quedó preseleccionada por las autoridades de la Ciudad. Tampoco con realizar inversiones millonarias, como especifica el nuevo contrato.
"La movida judicial de Spinazzola beneficia a la empresa, y a las que tienen en la actualidad contrato con el Gobierno, incluida Sarmiento, a quien denuncia abiertamente. El freno mantiene todo igual (una vez en el poder, Macri habría incrementado el monto de los contratos de 400 mil pesos a 8 millones, aunque de todas formas sigue siendo, para los candidatos, un negocio más que rentable). Para el gobierno, este tema siempre fue complicado porque hay mucha plata en juego. Hay que ver qué injerencia tiene la empresa ligada a Hadad para dar vuelta la situación", asegura a NU, en off the record, una fuente del Gobierno porteño que conoce al dedillo este tipo de negociaciones.
Más allá de las especulaciones, desde Spinazzola defienden el fallo del juez Gallardo. "Hemos sido los mayores contribuyentes de tasa de publicidad de la Ciudad", explica a Noticias Urbanas el encargado de relaciones institucionales de la firma, Federico Ratner. Además, rechaza las críticas realizadas por el propio ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, quien se extrañó por la "queja", cuando "es una de las empresas que estuvo usufructuando a la Ciudad por más de diez años, pagando cánones irrisorios". Ratner explica: "No nos interesa confrontar con el ministro, pero es llamativo que diga eso cuando dos de las tres empresas preseleccionadas están en la misma situación que nosotros".
Por parte del Gobierno, en diálogo con este semanario tras presentar en la Justicia un pedido para revocar y/o anular el fallo de Gallardo el pasado miércoles, el procurador general Pablo Tonelli afirmó: "Consideramos el fallo infundado y exagerado. Hay motivaciones políticas en este tipo de resoluciones, saltan a la vista. Intenta sustituir ciertos criterios y piensa que puede gobernar a la par del jefe de Gobierno y de la administración pública. Y se sabe: en toda licitación hay quienes ganan y quienes pierden".
La pelea legislativa
La explotación del mobiliario urbano queda afuera de la normativa establecida en el nuevo Código de Publicidad enviada por el Ejecutivo a la Legislatura porteña, lo que hace más redituable el negocio. La iniciativa, rechazada por las cámaras que nuclean a los trabajadores de al industria publicitaria, regula la colocación de carteles "salientes" y prohíbe el uso de marquesinas, entre otras cuestiones.
"Estamos en desacuerdo. Nosotros participamos de la discusión de la iniciativa. Es una ley que ha sido copiada, y mal, de lo que se realizó en San Pablo, donde el problema era otro. Es restrictiva, los comercios no van a tener la posibilidad de tener un cartel que señale su actividad, salvo uno genérico de 50 x 70, como si se tratase de un profesional médico u abogado. Cuando para un comercio el cartel es la forma más barata y clara de promover su actividad", se queja Vicente Álvarez, secretario general del Sindicato Único de la Publicidad (SUP) a NU.
Tanto el SUP, como las otras dos cámaras, la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), y la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL), están trabajando en un Código de Publicidad paralelo, presentado en forma de proyecto por el diputado K Christian Asinelli en la Legislatura porteña.
El proyecto del PRO divide la ciudad en zonas donde regula la colocación de carteles, entre frontales y salientes, además de establecer rigurosos controles en los permisos y severas penas a quienes actúen en infracción. Por el contrario, aunque apunta a disminuir la contaminación visual y a regular la actividad, la iniciativa del diputado kirchnerista es más flexible.
En los fundamentos, asegura: "La publicidad callejera constituye además un hecho económico, una actividad íntimamente vinculada al comercio, los servicios y la industria. Cumple un efectivo rol en la dinámica económica de nuestra ciudad, e incluso es en sí una actividad productiva de rango no menor. El nuevo Código de la Publicidad que proponemos procura proteger el paisaje urbano atendiendo a las pautas más modernas de preservación visual, pero atiende además a regular efectivamente una actividad lícita y necesaria que no puede desarrollarse descontroladamente".
Al igual que en la licitación para la recolección de la Basura, el macrismo mete mano para modificar el status quo de los contratos y servicios que mueven millones de pesos al año. Así, Macri busca posicionarse como el hacedor de los pendientes que no pudieron resolver las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. En el medio están los intereses económicos de empresas ligadas a la política, y de trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo.
