Los prostíbulos siguen impunes

Los prostíbulos siguen impunes

Continúan los incidentes en el presunto prostíbulo lindante a la comisaría 16 y pegado a una oficina del Gobierno porteño, que fuera denunciado penalmente por una decena de diputados. NOTICIAS URBANAS habló con quienes iniciaron la causa y no ven avances de la justicia.


A una cuadra de canal 13, pegado a la sede de la Dirección General de Estadísticas y Censos porteño y lindante por su patio trasero a la comisaría 16, sigue funcionando el presunto prostíbulo de la avenida San Juan 1338, que fuera denunciado reiteradamente por los vecinos de Constitución y hace diez días ante diversos medios de comunicación y por una decena de diputados nacionales y porteños ante la justicia federal.

Justo frente a la estación de subte línea E San José sigue funcionando el primer local de la decena que fueron escrachados el pasado martes por regentear la explotación sexual. Además de seguir activo el local denunciado por dar prestaciones sexuales, los vecinos informaron a NOTICIAS URBANAS que los incidentes en el local habilitado a titulo de café-bar continúan como si la exposición pública y la denuncia penal no hubieran sucedido.

La presentación judicial por la actividad de un red de prostíbulos en Monserrat y Constitución fue contra el titular de la Policía Federal Néstor Valleca, y se agregó un día después al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y entre los veinticinco prostíbulos denunciados figura el de avenida San Juan al 1300 que es lindante por su patio a la comisaría 16, ubicada en San José 1224, y además está pegado a la oficina de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad.

NOTICIAS URBANAS estuvo con los vecinos que han vivido un tiroteo a fines de junio, que no concilian el sueño hace un año y medio por la música a todo volumen de lunes a lunes por las madrugadas y mañana, y que han visto como este lunes 11 continuaron las peleas en la puerta de sus casas pese a que ese tugurio fue escrachado ante varios noticieros televisivos y diarios nacionales.

"Estaba preparándome para salir y escucho gritos. Salgo al balcón y veo un hombre sangrando en la frente. Gritaba, les tiraba piedras, botellas hasta que agarró algo más grande que hizo estallar la puerta de vidrio del prostíbulo. El INDEC de la Ciudad que esta al lado lo único que hizo fue cerrar sus persianas. Mientras que la Policía Federal llegó 20 minutos más tarde. Al parecer la pelea se inició adentro del local", relató a NU una de las mujeres vecinas al local que decidió recurrir a la primer organización que escrachó a un prostíbulo, La Alameda de Parque Avellaneda.

De las reuniones entre vecinos de Monserrat y Constitución con las organizaciones sociales (La Alameda y el MTE) y los diputados surgió la investigación sobre la red de prostíbulos donde se denunció explotación sexual de menores y venta de cocaína.

A diez días del escrache y la denuncia radicada en el juzgado Federal Nº 7 que subroga Norberto Oyarbide, la situación de los locales que promueven la explotación sexual no mermo en Constitución.

El caso del local en San Juan 1338, antes conocido como Kentuki y actualmente sin nombre, es particular por sus cercanías a la comisaría 16 -que en el año 2000 fue investigada por corrupción-, el organismo de estadísticas de la Ciudad y por sus reiteradas denuncias.

El presunto prostíbulo cuenta con trámite de habilitación en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en el abril de 2007. La inquilina del local ubicado en la planta baja del edificio en avenida San Juan 1332-34-38 y que cuenta con entrepiso y sótano, es la dominicana Susana María Casanova Quezada, con quienes los vecinos han tenidos discusiones acaloradas justamente por el tipo de comercio que emprende.

Los vecinos denunciaron ante el consorcio del edificio a Casanova Quezada, quien paga el alquiler a la empresa propietaria del inmueble DYNSUD S.A., cuyo apoderado es Juan Cocciolo.

El consorcio tomó la iniciativa de los vecinos e hizo una presentación en la Fiscalía Contravencional Nº 12 y la Dirección General de Control Ambiental por ruidos molestos, que ninguno prosperó.

Ante las denuncias desoídas enviaron una carta documento al titular del inmueble Cocciolo y su inquilina que al "no obtener respuesta satisfactoria" iniciaron juicio sumarísimo y solicitaron medida cautelar contra propietario e inquilina.

"Que desde hace un año y medio no pasé un sólo fin de semana en mi casa demuestra que acá todo sigue igual", remató a este cronista una de las vecinas del edificio por encima al prostíbulo que algunos especulan como sitio habitual para proxenetas de mujeres y jóvenes dominicanas.

La diputada nacional por Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, que encabezó la denuncia contra el jefe de la Federal manifestó que no hubo ninguna notificación del juez Oyarbide por este tema.

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