"Sistemática". Así fue calificada por el legislador Jorge Argüello (PJ) una metodología vinculada con los servicios públicos que, según denunció, se viene aplicando en la Ciudad desde la gestión de Fernando de la Rúa y que continúa en la actualidad. Se trata de las contrataciones directas (que sustituyen a las licitaciones) y de las prórrogas que suelen dictarse cuando los contratos originales vencen. El diputado -que presentó un proyecto en la Legislatura solicitando su rechazo a este tipo de métodos- acusó al actual jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, de "no solamente reincidir" sino de "perfeccionar" estos procedimientos.
En su propuesta parlamentaria, Argüello describe la manera en que, desde el Poder Ejecutivo, se permite que una empresa se eternice en la prestación de un servicio y se le garantiza, de esta manera, el cobro de jugosos dividendos. "Primero -explica- los funcionarios no hacen lo que tienen obligación legal de hacer (llamar a licitación) y ello produce inexorablemente el vencimiento de los plazos pactados para los grandes contratos por el simple transcurso del tiempo". "Entonces -concluye- se hace necesario un acto ‘salvador’ del jefe de Gobierno, que prorrogue las contrataciones vencidas -o las contrate en forma directa cuando la prórroga ya no es legalmente viable- para evitar la interrupción de los servicios públicos más importantes de la Ciudad".
TRES CONTRATACIONES A DEDO
Argüello utilizó tres ejemplos para fundamentar sus dichos. Uno de ellos es la prórroga por un año del contrato para la recolección domiciliaria de los residuos, que Ibarra otorgó a las empresas CLIBA, AEBA, SOLURBAN Y ECOHABITAT. En este caso, las cuatro firmas habían ganado la licitación en 1997 y les correspondía, a cada una, prestar el servicio en un sector determinado de la Ciudad durante un lapso de cuatro años, a partir del 1 de enero de 1998. El distrito porteño había sido dividido en cinco zonas y se había establecido que el Estado se haría cargo de una de ellas.
El contrato venció el 31 de enero de 2002 y, si bien legalmente podía prorrogarse por una vez, la decisión de Ibarra de estirar un año más el vencimiento fue duramente cuestionada por los costos que le acarrea a la Ciudad.
"La contratación con las empresas privadas le cuesta 138 millones de pesos anuales a la Ciudad (113 pesos por tonelada), a un costo exorbitantemente superior al que le insume la única zona a cargo de la propia administración, que es de 48 pesos por tonelada", afirmó Argüello. "Esto implica un sobreprecio de 80 millones anuales a favor de las concesionarias", remató.
Otro caso polémico es la contratación directa del servicio de correos para la Dirección General de Rentas. Esta vez, la beneficiada fue la empresa OCA, que había resultado ganadora de la licitación para prestación del servicio en 1997. Esta compañía debió finalizar su actividades el 31 de diciembre de 1999. Sin embargo, en el 2000 la empresa continuaba en funciones sin que hubiera atisbos de una nueva licitación, motivo por el cual, Enrique Olivera (sucesor de Fernando de la Rúa en la jefatura de Gobierno cuando éste juró como Presidente de la Nación) decidió prorrogar el contrato por un año, haciendo uso de una opción que figuraba en el pliego original. Finalmente, en octubre de 2001, Ibarra recontrató de manera directa a OCA. Según Argüello, dicha contratación le ha insumido a la Ciudad, hasta marzo de este año, 13 millones de pesos.
La contratación del servicio informático para la administración de la cobranza de la Dirección General de Rentas es el otro ejemplo cuestionado por el legislador justicialista.
En 1990 la ex Municipalidad porteña llamó a licitación pública destinada a la contratación del Sistema de Administración de la Cobranza (SIAC) de impuestos de la Ciudad. En diciembre de ese año se contrató a la UTE que había ganado la compulsa. Estaba conformada por las firmas ITRON, ITACO y TTI. El plazo contractual correspondiente venció en diciembre de 1996. A partir de ese momento, se sucedieron prórrogas, hasta que Ibarra decidió, a fines de 2001, que el gobierno contratara al Banco Ciudad, para que éste se encargara de la prestación del servicio.
Según lo denunciado por Argüello, "la contratación directa en cuestión fue posible en orden a que se trata de una entidad de derecho público e implicará un costo total aproximado superior a los 15 millones de pesos (IVA incluido) anuales para la Ciudad. Esto es, apenas un 12 por ciento inferior al precio anterior, y un sobrecosto estimado en no menos del 25 por ciento sobre los precios que habrían de obtenerse en el mercado de haberse llamado a licitación por el mismo rubro".
Estos tres casos llevaron al legislador denunciante a afirmar, parafraseando a Chesterton, que "una vez es casualidad; dos veces, coincidencia y tres veces… complot".
