Las más importantes empresas de ropa denunciadas en la justicia federal, en total 85, quieren quedar impunes.
La derogación de la ley de trabajo a domicilio dejaría impunes a los empresarios textiles por producir con empleados bajo reducción a la servidumbre e indocumentados como se demostró en distintos allanamientos a talleres textiles clandestinos.
Los empresarios del sector textil se reunieron este jueves con el ministro de Economía Nacional y la viceministra de Trabajo. Allí acordaron trabajar en la modificación de la ley de trabajo a domicilio, la cual señala las responsabilidades de los fabricantes con los talleres donde tercerizan las prendas.
Para los integrantes de la primera fundación contra el trabajo esclavo, La Alameda, "la reunión es insólita. Es como si el Gordo Valor pidiera despenalizar el robo de camiones caudales con el ministro de Justicia", señaló el presidente de la fundación La Alameda, Gustavo Vera.
Lo sostenido por Vera es respaldado por los últimos subsecretarios de Trabajo porteños, Alejradro Pereyra y Ariel Lieutier, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Mario Ganora, el referente de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo Yanzon, y de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), Néstor Escudero.
La Organización Internacional para los Migrantes (OIM), el cónsul boliviano, Alberto Gonzalez, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) vienen trabajando diariamente con la Fundación Alameda, para evitar que el 78 por ciento de la industria textil se encuentre en negro, como bien sostuvo De Mendiguren en la reunión con los ministros nacionales, que cambiaría la realidad de miles de costureros en la Ciudad.
"Expresado de otra manera -prosiguió Vera-, De Mendiguren se sentó frente a los más altos funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de las leyes que viola su sector y le declaro la gravedad de sus reiteradas faltas. Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y esclavitud y victimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, no es un delito en el sector de la indumentaria porque ningún funcionario público se asombró, ni ordenó la investigación judicial de la mayoría de los empresarios que se niegan a ser auditados por el INTI".
Noemí Rial, viceministra de Trabajo Nacional, deslizó al pasar que los empresarios no pueden presentarse ante Economia "a pedir beneficios a su actividad cuando tienen a trabajadores en condiciones de esclavitud".
Sin embargo fue la misma Rial la que les prometió a los empresarios presentar en quince días "una normativa que modifique integralmente la actual ley de trabajo a domicilio que data de 1945" que está elaborando junto a dos técnicas del Banco Mundial.
Con la modificación de la ley de trabajo a domicilio los empresarios pretenden no ser culpados "por su solidaridad penal y económica para con los talleres clandestinos en los cuales tercerizan su producción. De esta manera pretenden deslindarse totalmente de los delitos que se comente para producir los productos que comercializan como si ellos no fueran instigadores de dichos delitos".
Desde hace dos años hay 85 grandes marcas denunciadas por la Defensoria del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Alameda ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide.
