Acompaño el dictamen que defendiera mi compañero Víctor De Gennaro, dictamen promovido por la Central de Trabajadores de la Argentina y que plantea que es imprescindible un cambio de fondo y de régimen y no la propuesta oficial que maquilla y blanquea la lógica de los ’90 que rechazamos.
El Gobierno nos dice que elevando los montos indemnizatorios, incorporando mecanismos de actualización, exigiendo la renuncia al juicio, cambiando al fuero civil y bajando los honorarios de los abogados se resuelve el problema. En realidad lo que están haciendo es acorralando al trabajador que sufre el accidente con más pesos, planteándole que renuncie a sus reclamos y que cambie de fueros, y pretenden con esto restituir un equilibrio precario que no va a funcionar porque está claro que en la Argentina de hoy, las políticas de los 90 políticamente no funcionan.
La propuesta del oficialismo no resuelve el manejo privado con fines de lucro de fondos públicos de la seguridad social; no resuelve el hecho de que se mantiene la connivencia entre las aseguradoras de riesgos de trabajo y las empresas, son socias en la estrategia de reducción de los costos laborales y no incorpora a los trabajadores en la prevención, dando una muestra más de este peculiar caso de experiencia que se dice peronista pero que no convoca a participar a los trabajadores en los ámbitos donde debe hacerlo.
Estamos hablando de un sistema que cubre solo al 51,4% de los trabajadores, 8.498.000 trabajadores sobre 16 millones y medio de población activa, esta cobertura está estancada desde el año 2008, revelando que esto no lo resuelve el negocio privado sino la política pública. Los días de baja e incapacidad se han incrementado un 14% en el año 2010 respecto al año 1997, la duración media de las bajas, está también por encima de lo que ocurría incluso en la convertibilidad, la duración media de las bajas en el año 1997 era de 13 días, hoy es de más 31 días. Las jornadas no trabajadas que entre el ’97 y el 2012 estaban en promedio en 1.435 días, entre 2007 y 2010 están en 2.200 días. Los casos registrados están cerca de 600.000, y si uno incorpora los no registrados nos acercamos a los 900.000 casos de accidentes laborales. Entre 2003 y el 2010 los trabajadores cubiertos crecieron en un 80%, pero los días de baja e incapacidad laboral crecieron en un 104%. Los trabajadores fallecidos en ese mismo período crecieron un 28% y tenemos entre tenemos entre 6 y 7 muertos por día.
Esta realidad de agravamiento del cuadro de accidentes laborales coexiste con el manejo de un mercado que se ubicó en el orden de los 13.000 millones de pesos para el año pasado y que está cercano a los 20.000 millones en el presente año, esta notable expansión de accidentes, de días, de bajas y de muertes tiene que ver con un incremento del 1.300 % en la facturación de este mercado desde 2003 en adelante, crecimiento que duplicó el incremento de la recaudación en el mismo período, donde solo 6 empresas controlan el 64% del total de la facturación de ese mercado, y tres de ellas integran el pool de la elite empresaria del país.
Están votando el retorno a los 90 con un sistema que es un pingüe negocio para pocas empresas que por esta vía integran la elite de conducción empresaria del país, mientras se cubre sólo a la mitad de los trabajadores.
Están defendiendo el negocio financiero y están haciendo primar el enfoque de la reducción de los costos laborales sobre la vida y la salud de los trabajadores.
Es bueno decir cómo se llama esta ley, esta ley se llama empresa Prevención, Nº 1 del mercado, empresa Consolidar, Nº 2, empresa Asociar, Nº 3, empresa La Caja, Nº 4, empresa MAPFRE, Nº 5, empresa La Segunda, Nº 6, son ellas lo que estamos votando, y es Galeno, un actor principal de la medicina privada, el que está comprando MAPFRE y ya es dueño de Consolidar. Solo dos empresas argentinas Prevención y Galeno se quedan con el 40% del mercado. Lo que estamos discutiendo es mantener el negocio privado de la salud y fortalecer la estrategia de reducción de costos laborales como criterio para generar empleo. Es algo que está absolutamente asociado a la estrategia de los 90, es la lógica que propone alguien que es un esbirro del Grupo Techint como Ignacio De Mendiguren y alguien que representa el interés del capital concentrado. Eso es lo que nos están pretendiendo hacer votar y que no tiene nada que ver con un discurso vacío de contenido nacional y popular.