El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires ha completado el trámite de trece concursos convocados para seleccionar sesenta y un magistrados (entre jueces, fiscales y defensores oficiales de ambas instancias, así como asesores tutelares) de sus fueros “Penal, Contravencional y de Faltas” y “Contencioso Administrativo y Tributario”.
Mediante estos concursos la Ciudad dará forma a gran parte de su Poder Judicial, ya que hasta el momento vienen desempeñándose ciento trece magistrados, lo que nos da una idea de la incidencia numérica de las nuevas incorporaciones, que representan más del 50 % del número de magistrados antes existentes.
La incorporación de los nuevos magistrados se produce en el marco de un proceso de progresiva transferencia de competencias desde la Nación hacia la Ciudad, enmarcada en la reforma constitucional de 1994 y la sanción del estatuto constitucional porteño. Buenos Aires tuvo durante muchos años tan sólo una Justicia de Faltas, pues los delitos no federales eran competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, las contravenciones eran juzgadas por el jefe de la Policía Federal bajo el viejo e inconstitucional sistema de los edictos, y los litigios entre el municipio y sus ciudadanos eran competencia de la Justicia Nacional en lo Civil. Progresivamente, a través de sucesivos convenios, la Ciudad ha ido adquiriendo mayor jurisdicción sobre estas materias y necesita un Poder Judicial capaz de asegurar la vigencia de la ley y respetar y hacer respetar los derechos constitucionales.
Vale la pena destacar el trámite que hemos dado a estos concursos en el Consejo de la Magistratura. El reglamento establece cuatro etapas, consistentes en una evaluación de los antecedentes, un examen escrito, un examen oral y una entrevista personal frente a la Comisión de Selección del Consejo. Los jurados de los exámenes fueron integrados por destacados profesores de cada especialidad seleccionados a su vez a partir de listados confeccionados por instituciones tales como la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
El grado de publicidad que dimos a este proceso simplemente no tiene precedentes. Los exámenes escritos, una vez corregidos, fueron publicados en forma de facsímil en Internet, y por el mismo medio se pudo acceder a las videograbaciones de todas y cada una de las entrevistas y exámenes orales, las que de todos modos podían ser presenciadas por cualquier ciudadano. En cuanto a la evaluación de cada currículum, el Reglamento estableció una distribución precisa y objetiva del puntaje correspondiente a cada área de desempeño y formación del postulante. Los candidatos tuvieron una instancia de impugnación de los puntajes propios y de los de sus competidores. En algunos casos se hizo lugar a impugnaciones y se produjeron pequeñas modificaciones en los puntajes sin que se produjeran grandes cambios en los respectivos órdenes de mérito. Finalmente, el Consejo de la Magistratura aprobó en casi todos los casos por unanimidad los dictámenes (también unánimes) de su Comisión de Selección y los elevó a la Legislatura de la Ciudad, donde se encuentran en trámite de aprobación.
El alto grado de consenso alcanzado dentro del Consejo de la Magistratura porteño, por encima de alineamientos políticos, partidarios e ideológicos, es digno de mención. El Consejo está integrado por representantes elegidos por los jueces, los abogados (como es el caso de la autora de esta nota) y la Legislatura, que coincidimos tanto en el modo de proceder como en el resultado de los concursos.
Como consecuencia, aunque nadie pretendía una total asepsia política o ideológica, ninguno de los magistrados seleccionados resulta ser abanderado de una facción ni garante o protector de los intereses de ningún sector político, y todos ellos reúnen sobradamente los requisitos profesionales y formativos para los cargos que ejercerán.
La incorporación de una cantidad tan significativa de magistrados al Poder Judicial de nuestra ciudad indudablemente incidirá sobre los criterios y las corrientes doctrinarias predominantes, la valoración de las conductas sociales y la posición de la justicia ante la política y el poder. Previsiblemente, los nuevos magistrados que ingresarán rápidamente dejarán su sello propio. Su promedio de edad se ubica entre los 38 y los 40 años, lo que implica que dejarán su impronta en la justicia durante unos veinte años aproximadamente.
Desde el Consejo de la Magistratura confiamos en que los flamantes magistrados porteños serán conscientes de las históricas circunstancias en las que fueron designados y que sabrán llevar a cabo las delicadas responsabilidades que las instituciones les han encomendado.