La movilidad urbana es uno de los principales problemas de la Ciudad de Buenos Aires. En parte, esto es así porque el único servicio público de transporte en manos de la Ciudad es el taxi. En este sentido, ganar el control de una pieza clave de la política de transporte abre las puertas para una mejora en nuestra forma de movernos.
El subte que tenemos no guarda relación con la Ciudad que somos. Buenos Aires tiene uno de los sistemas de subte más antiguos del mundo (y el primero de América Latina), pero uno de los que menos se ha desarrollado. Si ordenáramos las 160 redes subterráneas de mundo según los kilómetros construidos por año, el subte de Buenos Aires figuraría en el puesto 145.
Dirigir la vista hacia otras ciudades nos muestra redes más amplias y confortables que la nuestra. Caracas, que tiene mucha menos población, administra una red con más kilómetros de extensión. Delhi, que cuenta con un PBI inferior al de la Ciudad, incoporó en los últimos cinco años 20 veces más kilómetros. Santiago de Chile, que inauguró el subte 62 años más tarde que Buenos Aires, disfruta de una red que duplica a la nuestra.
La posible transferencia del subte a la Ciudad nos permitirá incrementar los controles sobre el concesionario que (no) hace la C.N.R.T.. Pero, además, nos habilitará a trabajar, en audiencias públicas y en coordinación con las asociaciones de consumidores, en el subte que podemos tener.
Política de Estado: un subte con más coches, mayores frecuencias, mejor ventilación y menos ruido. Una red más amplia, que se extienda en longitud y en horarios. Una red con un esquema tarifario razonable en el que los viajeros habituales se distingan de los ocasionales, en el que quienes tienen bajos ingresos reciban el subsidio que merecen.
La movilidad es un derecho urbano fundamental y, como tal, corresponde a la Ciudad asegurarlo. Para lograrlo es necesario un debate amplio y racional para que la Ciudad pueda disponer de los recursos que nos permitan multiplicar los usuarios y la calidad del servicio.
Sin embargo, este nuevo capítulo de controversias mediáticas entre los gobiernos de Nación y Ciudad, con discusiones oportunistas y negociaciones ocultas, desfocalizan los problemas y dificultan las soluciones. Desde la Coalición Cívica, creemos que el millón y medio de usuarios diarios merecen otro trato.