Los Kirchner decidieron ir a fondo contra el Grupo Clarín, fiel a su estilo de avanzar políticamente enfrentando a un enemigo. Es una táctica que, hasta el enfrentamiento con los ruralistas, al Gobierno nacional le dio buenos resultados. La quita de la transmisión monopólica del fútbol y la anulación de la fusión de Cablevisión con Multicanal fueron los pasos que precedieron a la jugada más audaz de los últimos tiempos. Y por primera vez en 26 años en la Argentina están dadas las condiciones objetivas para sustituir la Ley de Radiodifusión de la dictadura.
La voluntad política actual del oficialismo se contradice con la que al propio Néstor Kirchner le faltó en 2005, cuando, como presidente, prorrogó las licencias de radio y televisión por 10 años. Tampoco tuvieron voluntad de cambio las administraciones anteriores. Es que hasta ahora nadie quiso comprometerse en una lucha de intereses, que no solamente tuvo al Grupo Clarín como principal protagonista sino también a las telefónicas. Cada gobierno que asumió buscó el favor del multimedio con algún tipo de concesiones.
En su ensayo "Los cerrojos a la prensa", el fallecido Julio Ramos, fundador de Ámbito Financiero, relata, entre otras cosas, cómo Clarín obtuvo de la dictadura, junto a La Nación y La Razón, el manejo de la empresa Papel Prensa –no hace falta aclarar las ventajas que esto significó sobre los demás medios gráficos–, también cómo consiguió, en el peor momento de Alfonsín, que le permitieran operar Radio Mitre –cuando la ley de entonces lo prohibía taxativamente– y cómo obtuvo de Menem, tras la reforma del Estado, la posibilidad de ampliarse primero con la licencia de Canal 13 y luego con el cable y el fútbol. Posteriormente Ramos, desde Ámbito Financiero, denominó "Ley Clarín" a una modificación en la Ley de Quiebras, promovida en el contexto de la pesificación de Duhalde. Si la pesificación, como se aducía, posibilitaba al grupo licuar parte de una multimillonaria deuda en dólares, la norma eliminaba el "cram down", que les permitía a los acreedores apropiarse de la empresa en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes. La Ley de Protección de Bienes Culturales, sancionada pocos días después de la asunción de Néstor Kirchner, ratificó la eliminación del "cram down" para los medios en concurso de acreedores. Más tarde, todos los medios audiovisuales obtuvieron de Kirchner la prórroga de sus licencias.
El multimedio, como era de esperarse, no menciona ninguna de estas cosas cuando monolíticamente, a través de todos sus soportes, machaca contra la nueva ley de medios en nombre de la "libertad de prensa". Tampoco los políticos de la oposición que a través de los mismos soportes patalean y repiten hasta el hartazgo la palabra "consenso", cuando cualquiera con sólo dos semanas de ruta en política sabe que cada vez que un proyecto toca intereses de este tipo es imposible que se sancione por aclamación. La prueba está en que pasaron más de dos décadas y media desde la llegada de la democracia y ninguna de las más de sesenta propuestas de modificación de la Ley de Radiodifusión presentadas llegó a ser debatida en alguna de las cámaras del Congreso. En ese marco, la acusación de "gobierno fascista" contra la administración de Cristina Fernández, lanzada desde la Legislatura porteña por el jefe de Gobierno Mauricio Macri, es, con buena voluntad, un exabrupto que no merece más análisis por su puerilidad.
La voluntad política de los K está basada, en esta oportunidad, en la necesidad política. Derrotado en las últimas elecciones, el Gobierno nacional ya no tiene que defender una imagen que está por el piso. Su actitud es la del que se juega todo porque no tiene qué perder y sí mucho por ganar. Y tampoco tiene tiempo: debe conseguir que la ley se vote ya, porque después del 10 de diciembre cambia la conformación del Congreso. Así, sin heroísmos revolucionarios, quizás esté dejando su legado más trascendente: una ley antimonopólica que, entre otras cosas, restringe al 35 por ciento la participación total de un grupo en el mercado, reduce el plazo de las licencias de 15 a 10 años e impone la realización de una audiencia pública antes de conceder una única prórroga por el mismo período (actualmente las licencias son prorrogables por 10 años automáticamente apenas se vencen); contempla el ingreso de cooperativas y de los pueblos originarios a los medios audiovisuales, fija una cuota de pantalla al cine nacional, destina al Instituto Nacional de Cine el 25 por ciento de los gravámenes por facturación y al Instituto Nacional de Teatro el 10 por ciento, prevé la participación de las universidades e instala la figura del defensor del público, promovida en un viejo proyecto del Consejo por la Consolidación de la Democracia (Cocode) durante el gobierno de Alfonsín.
La necesidad de sancionar la ley obligó al Gobierno a hacer modificaciones, por lo que las telefónicas quedaron fuera del triple play, y el órgano de autoridad de aplicación y otorgamiento de licencias se amplió de cinco a siete miembros, reduciendo las posibilidades de que el oficialismo tenga mayoría absoluta (aunque no impidiéndolo). Ojalá esto alcance para aventar cualquier posibilidad de que el oficialismo reparta a su antojo las licencias que queden libres tras la adecuación legal. Reemplazar un imperio por otro significaría, además de una estafa a la ciudadanía, perder la oportunidad histórica de saldar una insoslayable deuda con la democracia.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Jefe de Redacción de Noticias Urbanas.