Muy poco después del fatídico 30 de diciembre de 2004, sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del incendio de República de Cromañón marcharon con lágrimas en los ojos desde los restos del boliche hasta la sede del gobierno comunal al grito de “Ibarra y Chabán la tienen que pagar”. En esa procesión la angustia todavía estaba en estado puro e irrumpió, con ese escarmiento verbal y premonitorio, sobre esas dos personas ante la cruel realidad de 194 vidas segadas. Todavía el dolor hoy sigue siendo legítimo. Y renovado a partir del fallo judicial de esta semana.
No me corresponde juzgar el veredicto del Tribunal ya que los jueces tienen la derecha de haber realizado una labor de un año entero. Puedo disentir o no con las sentencias. Parecería, por ejemplo, que recargar en el manager toda la responsabilidad de la banda es, por lo menos, discutible. Como también lo es que la responsabilidad política sea en términos de condena 10 veces menor que la comercial, quizás lo necesario para hacerla excarcelable. También, aunque aun más ridícula, es la inhabilitación de cuatro años para ocupar puestos públicos de las dos ex funcionarias condenadas. Y resulta, al menos, extraño que el propietario de Cromañón, Rafael Levy, no haya estado sentado en el banquillo de los acusados. El empresario es el dueño de casi toda la manzana donde se ubicaba el lugar en el que se desató la tragedia, aunque su cara permaneció oculta detrás de numerosas empresas fantasma. La investigación sobre este tema, que ahora es tapa en otros medios colegas, la publicó el semanario Noticias Urbanas en su edición Nº 196, el pasado 8 de julio, con el título "El Yabrán de Cromañón".
En el caso de Ibarra, su responsabilidad política es absoluta. Por ello fue juzgado y destituido por la Legislatura porteña, pero es correcto que no haya sido involucrado en la causa judicial. Pagó con la pérdida de su gobierno y el descrédito al que lo sometió la sociedad en junio pasado. Pero además de haber desoído previamente las recomendaciones de control, cometió el error de adoptar en el juicio político –y posteriormente a su destitución– el rol de víctima de un episodio que, desgraciadamente, tiene repleto ese rubro con gente que tuvo mucha menos suerte que él.
El que tiró la bengala, está claro, es un pelotudo importante que actuó con otras decenas de pelotudos (también importantes) a los que lamentablemente nadie advirtió las posibles consecuencias de la joda que programaban en cada show. Pero en el juicio, la materialidad del hecho fue evaluada con muchísimo menos rigor (o pruebas) que la permisividad de las conductas que provocaban la connivencia entre la banda y el gerenciador de Cromañón, y de éste con la policía. Un punto alto del fallo es no haber “arrugado” ante la presión policial y poner a un uniformado, el subcomisario Carlos Díaz, en la primera fila de los culpables.
Alguna vez dijimos desde esta tribuna que, ya que habíamos perdido tanto en una noche, debería servir la experiencia para replantear qué queríamos hacer como sociedad desde el llano y desde su dirigencia. Casi cinco años después, la realidad no es muy diferente, más allá de que no hayan ocurrido nuevas desgracias. Los juicios políticos y las condenas judiciales, por sí solas, no transforman nada. Buenos Aires no lloró lo suficiente y será quizás por eso que aprendió muy poco.