El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el FMI ha reavivado la discusión por la reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y la Ciudad pide que se de cumplimiento a la Constitución Nacional para superar los errores e inequidades existentes en la actualidad.
Con motivo del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a tomar impulso en nuestro país el postergado proceso de discusión referido a la reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Desde la Ciudad de Buenos Aires aspiramos a que se dé cumplimiento al mandato constitucional lo ante posible para poder superar los errores e inequidades existentes en el actual Régimen de distribución.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende que este nuevo régimen deberá respetar rigurosamente los principios establecidos por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2), donde se aclara que la distribución de los recursos coparticipables debe realizarse entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, señala que "(…) no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de los recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires."
La Ciudad de Buenos Aires exige este cumplimiento y que sea considerada como una más de los partícipes del nuevo régimen, con un trato idéntico al de las demás jurisdicciones subnacionales y recibiendo los recursos que le correspondan en función de los criterios objetivos de reparto que se acuerden.
Entendemos también que el régimen de coparticipación debe ser único. No deben coexistir -como actualmente sucede- múltiples sistemas. Se permitirá, así, ganar en sencillez, transparencia y objetividad.
Por otra parte, la Ciudad entiende que la distribución de los recursos debe presentar componentes distributivos y devolutivos. Una parte de la recaudación debe distribuirse persiguiendo el objetivo de disminuir la brecha de desarrollo, ya que todos los habitantes de nuestro país -habiten donde habiten- deben poder acceder a niveles equivalentes de bienes públicos esenciales, como educación y salud.
La otra parte de los recursos debe distribuirse buscando reducir la otra brecha existente entre presión fiscal y provisión de bienes públicos. Basta como ejemplo señalar que los vecinos de la Ciudad aportan poco más de $ 13.000 millones a la masa de recursos coparticipables y sólo reciben alrededor de $ 1.250 millones, incluyendo aquí el gasto que hace el Estado Nacional en Justicia y Seguridad ($ 900 millones).
Actualmente, entre el 25 y el 28% de la masa de recursos coparticipables totales es aportado por la Ciudad de Buenos Aires, siendo la segunda jurisdicción en importancia, luego de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al momento del reparto de estos recursos, la Ciudad es una de los distritos más perjudicados.
Asimismo, resulta importante destacar que aquellos mayores recursos que reciba la Ciudad serán los que deberá reasignar la Nación, sin afectar ni modificar la porción correspondiente al resto de las provincias y consolidando d esta manera el proceso de autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* Secretaria de Hacienda y Finanzas del GCBA