Sorprenden las denuncias hechas públicas por distintos dirigentes políticos sobre la efectivización de más de 3.000 trabajadores del estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Sorprenden porque se los efectivizó como consecuencia de la aplicación de normas vigentes, algunas de ellas votadas en la propia Legislatura local y otras de carácter nacional y de rango constitucional.
Sorprenden estas denuncias porque se trata de trabajadores que alcanzan en algunos casos más de 20 años de antigüedad (como los del Parque de la Ciudad), y que se desempeñan en áreas técnicas, con probada capacidad y calidad en su actividad.
Sorprende mucho más aun, porque esto es parte de la actividad llevada a cabo por la Convención Paritaria creada por ley, y que expresa la institucionalización de la plena vigencia de la democracia en las relaciones laborales, consecuencia de la ley laboral más moderna de la República Argentina.
Sorprende además, porque toda esa actividad es pública, ya que se comunica a través del Boletín Oficial y corresponde a reclamos no solo de los trabajadores sino también de la dirigencia política que declamó permanentemente contra los contratos basura.
Denunciar esto como un botín político es ignorancia. No son ni amigos, ni parientes, ni militantes de turno. Son trabajadores con derechos que han demostrado su capacidad a lo largo de los años (más de 12 años de promedio de antigüedad). Son trabajadores que se sabe dónde trabajan, en qué horario, en qué función y de quién dependen. Tienen nombre y apellido y han trabajado y trabajan cumpliendo con sus obligaciones, a pesar de que muchos funcionarios y dirigentes políticos, algunos devenidos en legisladores no cumplen con las suyas, como por ejemplo haber regularizado esta situación desde que se inició o exigir el pago de los salarios totalmente en blanco porque hoy se paga más del 30 por ciento en negro perjudicando las jubilaciones futura. Ninguno de esos trabajadores merece la falta de respeto de quien por ignorancia y oportunismo político hace semejante denuncia y no ha sido capaz de molestarse en conocer.
Denunciar esto como violación a la ley es hipocresía, porque la norma vigente es clara y precisa, pero mucho mas lo es la jurisprudencia argentina que reconoce la estabilidad de todos quienes se hayan desempeñado durante más de un determinado lapso de tiempo y considera a la figura de las plantas transitorias como fraude laboral. La jurisprudencia en este sentido es uniforme y pacífica.
Es hipocresía decir que esto perjudica el erario publico, porque se los ha efectivizado con los mismos salarios que venían percibiendo hasta hoy y durante años, y que en muchos casos apenas superan los 400 pesos mensuales.
Es hipocresía, porque en vez de denunciar estas efectivizaciones como las del Parque de la Ciudad, hay que revisar la estatización de ese parque que ha generado el mayor juicio que soporte hoy la Ciudad en más de 300.000.000 de pesos. Ese juicio hay que investigar, porque puede ocasionar uno de los mayores daños al Estado de la Ciudad.
Es hipocresía hablar de la efectivización de las plantas transitorias y callarse sobre las locaciones de servicio que son miles y que la ley obliga a revisar, para que ingresen como corresponde por concurso, en la categoría que corresponde y con el nivel salarial de ingreso. Todos los que denunciaron las efectivizaciones de la planta transitoria saben de las locaciones de servicio, pero se callan. Hagan cumplir la ley. Que se revisen, se llame a concurso y que cobren el sueldo que corresponda, que tengan derechos laborales completos con aguinaldo y vacaciones, que hoy no tienen y con plena estabilidad. El trabajador que no esté de acuerdo con el criterio de la ley por algo será, por lo tanto que se vaya con el funcionario o legislador que lo nombró.
El estado debe tener personal estable, capacitado, y que acceda al ingreso y a los cargos de conducción por concurso. Así se construye un estado moderno, eficiente y transparente. Con designaciones que determinan salarios por encima de la carrera, puestos a dedo en cargos de conducción y sin exigencias de capacitación, se destruye el estado.
El ignorante que aprenda y el hipócrita que se descubra.
Hagamos un estado eficiente, al servicio de los vecinos, con capacidad de gestión y de control, en particular de las empresas de servicios públicos que trabajan para la ciudad.
No usen a los trabajadores como parte de una campaña política.
Los funcionarios saben que la paritaria es el ámbito creado por la Constitución Nacional y la de la Ciudad para resolver los conflictos y reclamos laborales. No hay amenazas de paro como sistema de extorsión. El conflicto es un derecho constitucional consagrado también en la Constitución nacional y en normas de derecho internacional. Se ejerce como alternativa de la negociación del mismo modo que el empleador también ejerce su capacidad de fuerza en esa negociación. El que cree que las medidas de fuerza son un elemento de extorsión en realidad esta negando el ejercicio de un derecho constitucional y busca debilitar y quebrar a los trabajadores para imponerle condiciones indignas de trabajo, flexibilizando las normas vigentes y dejándolo indefenso y sujeto a las leyes del capitalismo mas salvaje propio de las dictaduras.
En ese caso la lucha no es una herramienta de negociación, sino una obligación en defensa de la dignidad humana y deja de ser circunstancial para convertirse en permanente.
Los derechos se conquistan y se defienden. Los trabajadores saben hacerlo.
(*) El autor es presidente del Instituto de Políticas Públicas de la Ciudad.