Los legisladores de la Alianza y del Justicialismo discutieron en sus respectivas reuniones de bloque la posibilidad de reducir los salarios de los diputados y del personal. Pero si bien hay consenso en ambos bloques, las propuestas de recorte son diferentes.
Según manifestaron a NOTICIAS URBANAS asesores de la Alianza, el proyecto inicial habría sido promovido por el diputado radical Cristian Caram, vicepresidente primero del parlamento porteño. La propuesta -que al cierre de esta edición aún era debatida en el bloque aliancista- giraría en torno a reducir los salarios mayores a los 650 pesos en, como mínimo, un 20 por ciento. Este porcentaje aumentaría en función del monto del salario percibido.
Al respecto, todavía no se sabe si el ajuste afectará -además de a los diputados y a los asesores políticos- a los empleados de la planta permanente. De ser así, no se descartan duros enfrentamientos con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la agrupación gremial con mayor representación en la Legislatura y que defiende, principalmente, los intereses de los empleados estables.
Por su parte, el Bloque Justicialista está de acuerdo con llevar adelante un recorte, pero plantea que el esfuerzo debe ser realizado también por el Poder Ejecutivo y el Judicial. "En sintonía con el presidente Duhalde, vamos a acompañar la decisión de reducir el gasto público -afirmó a NOTICIAS URBANAS el diputado Guillermo Oliveri, vicepresidente primero del mencionado bloque- pero no sería justo que solamente la llevara a cabo la Legislatura y que no se aplicara en otras áreas de la administración de la Ciudad".
La propuesta que promueven los legisladores peronistas es realizar una racionalización horizontal que tenga por objeto equiparar hacia abajo los sueldos de los funcionarios de los tres poderes que ostenten categorías similares. Durante la reunión que mantuvieron se argumentó que, por ejemplo, "si un legislador equivale por su rango a un secretario de gobierno y a un juez de cámara, no puede ser que su sueldo actual oscile los 5.200 pesos brutos, mientras que el de un secretario gubernamental supera los 10 mil pesos".
También se explicó que la medida propuesta tiende, además, a reestrustructurar las áreas del Gobierno porteño y a eliminar los programas y las direcciones superpuestas, ya que, según se afirmó, "en el Poder Ejecutivo hay 96 direcciones generales y cada director general gana más de 6 mil pesos".
"Por ese motivo -plantearon los diputados justicialistas- la reducción del gasto debe ser debatida de manera global durante la discusión del presupuesto, en lugar de sancionar una ley que reduzca los salarios del personal legislativo solamente para quedar bien con los medios".
