La reforma de Mercado de Capitales supone una reconfiguración integral del funcionamiento en nuestro país. Su objetivo es canalizar una porción del ahorro nacional hacia el financiamiento de las empresas productivas, procurando fortalecer el proceso de desarrollo económico con mayor empleo e inclusión social.
El texto que obtuvo media sanción surgió del consenso entre distintos espacios políticos y al dictamen de mayoría se le agregaron modificaciones durante el tratamiento en particular, teniendo en cuenta aportes que surgieron del tratamiento en comisiones.
Esta reforma supone la continuidad de una política económica. En nuestro país, en materia de regulación financiera, este Congreso ya ha dado un paso de gran trascendencia con la sanción de la Ley de Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. El propósito fue colocar al Banco Central como un actor central en el proceso de crecimiento económico con inclusión social, eliminando de la Carta Orgánica los elementos monetaristas que limitaban esa función. Hoy continuamos este camino con una profunda reforma regulatoria.
Nuestro país históricamente ha tenido un escasísimo desarrollo. Si comparamos distintos indicadores de profundidad del mercado en relación con los países desarrollados, e incluso con otros países de desarrollo similar o de nuestra región, veremos que su tamaño es muy pequeño. Una de las causas del insuficiente desarrollo del mercado de capitales reside en los problemas de regulación y en la escasa participación de los pequeños inversores. El mercado de capitales se ha movido históricamente por fuera de las necesidades reales de la producción, con escasa transparencia y con dificultades para la participación de emisores e inversores. Son elementos que han alejado a las empresas, en particular a las pymes y a los inversores, en particular los de pequeña y mediana dimensión.
El proyecto de ley da respuesta a las necesidades del sector. El fortalecimiento de la capacidad de regulación y supervisión del Estado Nacional sobre los mercados de capitales; la potenciación de la contribución del mercado de capitales al desarrollo económico y social, canalizando el ahorro hacia la inversión productiva; y la promoción del acceso de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo a las de la economía social como las cooperativas y mutuales.
Con la aprobación se garantiza la promoción de la participación de los pequeños inversores, simplificando la negociación, incrementando la transparencia y fortaleciendo los mecanismos de protección y prevención de abusos; y la promoción de la integración federal del mercado de capitales a través de la interconexión informática de los distintos ámbitos de negociación”.
Nuestra cámara hoy contribuye a saldar una deuda de nuestra democracia. La Ley que rige actualmente (17.811) data del año 1968 y fue sancionada de facto por la dictadura militar de entonces. El articulado de la Ley vigente no sólo está seriamente desactualizado sino que traduce el fundamento ideológico del gobierno que la impulsó: una marcada orientación destinada a minimizar el rol del Estado y a maximizar el rol del mercado, orientación que se resume en el concepto de la autorregulación.
La crisis financiera que ha mostrado toda su virulencia en los centros financieros desarrollados ha dado lugar a un proceso (que está lejos de haber concluido) de reformas regulatorias en los mercados bursátiles, en los mercados de derivados y en las calificadoras de riesgo. Las reformas en todos los casos apuntan a prevenir y mitigar los riesgos sistémicos, promover la transparencia de los mercados y proteger al consumidor de servicios financieros.