Reducir la lucha por la implementación de la Ley a un enfrentamiento con el Grupo Clarín es quedarse solo con una parte del problema. Si bien vemos en forma positiva la fragmentación del multimedio cuya posición dominante desvirtúa el mercado, creemos que la sanción de la norma implicó más que eso.
Es necesario recuperar el verdadero sentido que tuvo su elaboración. Recordemos que fue hecha al calor de la lucha de organizaciones civiles, trabajadores de los medios, universidades y sindicatos. El texto fue trabajado a lo largo de todo el país. Antes de que el gobierno nacional intervenga en su vida interna para dividirla, la CGT conducida por Hugo Moyano participó a través de muchas de sus organizaciones gremiales.
Una vez sancionada la Ley, también fuimos protagonistas de las movilizaciones que intentaron contrarrestar las presiones de los oligopolios de comunicación, para dilatar a través de artilugios jurídicos su implementación. Hace ya tres años que se votó con amplia mayoría parlamentaria y si bien es cierto que el 7D pone en evidencia las presiones de todos los holdings de comunicación (no solo es Clarín quién dilata la desinversión), tampoco se ha avanzado en el otorgamiento del resto de las licencias.
Los trabajadores a través de sus organizaciones deberían tener derecho a manejar medios de comunicación. Un grupo de sindicatos, entre los que se encuentra el Sindicato TPA, conformaron una cooperativa para poder presentarse a la licitación por una señal audiovisual para octubre del 2011. Esta fue postergada en varias oportunidades hasta que en Julio del presente año se le dieron de baja a esos pliegos mediante la resolución 929 del AFSCA, en la que se comprometían a presentar otras bases en los “próximos 30 días” según el texto del directorio en su Artículo 3, que sigue sin cumplirse.
Dice en un reciente artículo Martin Becerra “la ausencia de políticas económicas que permitan sostener la declarada diversidad de dueños de medios, la falta de planificación del reparto de un recurso público como el espectro a través de un plan técnico que brilla por su ausencia y la esencia anticompetitiva y anticoncurrencial de los principales actores (grupos privados y gobierno) son una combinación poco auspiciosa para el conjunto heterogéneo de actores de medios comunitarios y alternativos”.
En ese sentido también queremos destacar que si bien el grupo Clarín es el principal lobista en contra de una Ley sancionada en el congreso, no es el único que se beneficia de la dificultad para su implementación. El espíritu de esta se encuentra erosionado por algo más que las dilaciones y maniobras de este grupo. Para el caso alcanza con ver los argumentos del canal Telefe en torno a su relación con Telefónica de España quien dice que no tiene ninguna relación con su filial local, Telefónica de Argentina, desconociendo que la Ley no permite a una misma empresa tener un medio y un servicio público. Otro ejemplo es lo que se conoció como adelanto del plan de “adecuación familiar” presentado por el Grupo Vila-Manzano quienes pusieron –entre otras medidas- a nombre de una hija una empresa, lo que no pareciera reflejar la vocación por una desinversión seria. También es destacable la compra del paquete de medios del grupo Hadad por parte del empresario Cristóbal López, que fue aprobada por el AFSCA a pesar de exceder los límites de cantidad de licencias que se pueden tener según el artículo 45 de la Ley.
Estos son algunos ejemplos respecto de la dificultad de reducir la aplicación de la Ley a un conflicto exclusivo con el Grupo Clarín. Creer que la sola desinversión del grupo es garantía de la diversidad y la multiplicidad de voces, no solo es un error de concepción, sino que esconde la ilegalidad de muchas otras situaciones por resolverse.
El famoso 7D ha sido presentado por el gobierno como el final de la hegemonía de Clarín. Los medios oficiales centran toda la problemática de la ley en Clarín y sus 285 canales de aire, de cable y radios, que es sin dudas el problema más relevante en la actual coyuntura, pero de ninguna manera es el único. No queremos que le suceda a la Ley de Medios lo mismo que sucede hace décadas con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que a pesar de ser explicito en nuestra Constitución, es letra muerta en la práctica concreta.
Hemos sido participes de la elaboración de la Ley, de su sanción y también protagonistas de la soberbia con que se maneja el grupo Clarín, que tiene una política antisindical explícita y ningún respeto por las leyes. Por eso queremos dejar bien en claro que la Juventud Sindical espera con esperanza el 7D, para que este símbolo que se ha sabido instalar, pueda ser el inicio de un recorrido que nos lleve a la correcta aplicación de la Ley.
* dirigente de Juventud Sindical