El proyecto presentado por Mauricio Macri para el traspaso y la prestación del subte es aberrante. No sólo no resuelve los principales problemas que atraviesa el servicio, sino que tampoco propone una auditoría para establecer si Metrovías cumplió con el contrato de prestación. Al declarar la emergencia, el proyecto establece la posibilidad de aumentos tarifarios sin audiencias públicas previas, sin contratos ni licitaciones. Además, define un aumento en los combustibles que significa un incremento inflacionario, cuyo costo lo pagará la población a través de su consumo.
Por otro lado, el proyecto restringe los principales derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional e intenta enfrentar a los trabajadores del subte con los usuarios mediante un artículo que establece una relación directa entre los aumentos saláriales y la tarifa.
Aunque está dentro de los límites jurisdiccionales de la Ciudad, el subterráneo es un medio en el que se trasladan a diario millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es por eso que el gobierno nacional no puede ni debe desentenderse del asunto. Es necesario poner en funcionamiento la Agencia Metropolitana de Transporte, no para compartir responsabilidades de futuros aumentos tarifarios, sino para definir lineamientos políticos de transporte público y movilidad que terminen con el maltrato sufrido a diario por quienes se trasladan hacia sus lugares de trabajo y de estudio.
Hoy sufrimos caos de tránsito, hacinamiento e inseguridad al viajar. La ampliación del subte quedó en promesas, mientras la Nación no revierte el desguace del sistema ferroviario. Sigue ausente una planificación estratégica del transporte público metropolitano. Necesitamos un sistema integrado de transporte público -subtes, colectivos, trenes, Metrobús-
Metrovias S.A, la empresa del grupo Roggio premiada por el gobierno nacional con la adjudicación de la línea Sarmiento de trenes y de la realización de obras públicas en distintos lugares del país, demostró ser ineficiente a pesar de los millonarios subsidios que recibió. A su vez, generó negociados con la subcontratación a empresas de su propio grupo. Por eso la primera medida que hay que tomar para empezar a mejorar la situación del subte es una auditoria integral, legal, técnica y financiera para definir una posible recisión del contrato con Metrovias S.A por incumplimientos. Esta es la propuesta de Proyecto Sur junto a otros bloques en la legislatura.
Para resolver la crisis del subte y de todo el sistema ferroviario hay que terminar con el proceso de privatizaciones iniciado en la década de 1990. Las prestadoras privadas solo se preocuparon por sus negocios abandonando el mantenimiento y la seguridad del servicio, lo cual quedó tristemente demostrado en la tragedia de Once. Hacer una empresa pública de subtes, con el control social de trabajadores y de los usuarios, es la solución a la situación actual. La gestión privada demostró su fracaso porque al final el interés por la ganancia termina estando por encima del usuario. Tampoco el subte puede estar sólo en manos de funcionarios, que en la mayoría de los casos son funcionales a las lógicas privatistas. Es necesario un control por parte de los quienes mejor conocen el servicio: los que viajan y trabajan allí todos los días. Es necesario construir una ciudad más accesible, de circulación más fluida. Ampliar la red, la frecuencia y el horario de los subtes; mejorar el tránsito y promover un sistema de transporte integrado y menos contaminante, con la participación de la comunidad en su control.
* Por Jorge Cardelli. Diputado nacional. Proyecto Sur