"Hay un error en las manifestaciones de Fatala. Ni yo ni los integrantes de mi equipo tenemos capacidad para alterar la forma en que se realiza una licitación. La licitación la detuvo la Justicia de la Ciudad. Lo único que hicimos nosotros fue
llevarle a la Justicia los papeles que demuestran el incumplimiento de las normas legales vigentes. Y la jueza Alejandra Petrela ordenó detener la licitación para verificar el cumplimiento de esas normas. Me parece que si la presentación hubiera sido poco seria, la Justicia la habría rechazado en vez de aceptarla.
Quiero destacar que, a pesar del incidente, considero a Abel Fatala como un excelente profesional y un funcionario intachable. Lo hemos visto con el coraje de hacer frente a situaciones muy difíciles en los últimos años. Este episodio no altera el respeto y el afecto que siento por él. Tal vez las exigencias de la función lo hayan llevado a acelerar los tiempos, salteándose los requisitos legales en esta licitación.
Es una pena, porque Abel Fatala conoce a la perfección la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental:
a.. En primer término, porque es el autor del proyecto en el que se basa la
ley vigente, presentado durante su excelente actuación como Diputado de la
Ciudad.
b.. En segundo término, porque en su calidad de integrante de la Comisión de
Ecología de la Legislatura, firmó el despacho que recomienda su sanción.
c.. En tercer término, porque la votó en su carácter de Diputado de la Ciudad.
Esa Ley dice que todo proyecto debe ser categorizado por una Autoridad de Aplicación que es diferente de aquella que llama a licitación. La Secretaría de Obras Públicas no puede decir que su propio proyecto es "de bajo impacto ambiental". Debe hacerlo la Secretaría de Medio Ambiente, ante quien se
harán las presentaciones correspondientes.
En caso de ser declarada como generadora de un impacto "de relevante efecto", se debe llamar a una audiencia pública para recibir las opiniones de los posibles afectados. Aclaremos que la Ley presume que las obras de este tipo y esta magniud son de relevante efecto.
Dentro de la lógica de la Ley, este procedimiento es previo al llamado a licitación, por la sencilla razón de que no se puede licitar una obra sin saber qué impacto ambiental va a tener. El Estado no puede encargar una obra antes de saber si la obra puede o no hacerse, o si hay que hacerle cambios sustanciales en su enfoque o su diseño.
Tal es el sentido de las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Las que, por otra parte, están en vigencia y no han sido modificadas por la delegación de funciones que la Legislatura acaba de hacer al Jefe de Gobierno de la Ciudad.
Por otra parte, cualquier persona que confíe en la calidad de su proyecto no tiene nada que temer de una Evaluación de Impacto Ambiental. En una Evaluación de Impacto Ambiental lo único que se hace es sacar a la luz las ventajas y debilidades del proyecto y realizar públicamente el balance de las mismas. El cumplimiento de la Ley no tiene por qué retrasar sustancialmente las obras, si la Secretaría de Obras Públicas se aviene a cumplir con la ley lo antes posible. Lo que, por otra parte, estamos pidiéndole desde el mes de abril.
La cuestión de fondo, entonces, no es si nuestra presentación es inadecuada o si la jueza se equivoca en sus fallos. La pregunta es si la Secretaría de Obras Públicas confía realmente en su propio proyecto como para someterlo a los
controles que exige la Ley".
