El 9 de abril la diputada Alicia Pierini (PJ) solicitó a la Procuración General de la Nación que investigara la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en perjuicio del Estado de la Ciudad y malversación y abuso de autoridad en el Consejo de la Magistratura porteño. La denuncia involucró a los consejeros Juan Octavio Gauna (presidente de dicho cuerpo judicial) y Gloria Bonatto, y a los directores de Ejecución Presupuestaria Norberto Urfeig y Jorge Luis Suárez. Entre las cuestiones a investigar, se encontraba la compra de edificios sin tasación municipal por 3.800.000 pesos y la contratación directa de refacciones por casi 10 millones de pesos.
Tras su admisibilidad, el pedido de investigación recaló, dos días más tarde, en el despacho del fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, que designó al fiscal de instrucción Carlos Mariano Donoso Castex para que lo evaluara. Éste, a su vez, formuló la denuncia ante el fuero penal y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal Nº 12, a cargo de Ricardo Warley.
El lunes, NOTICIAS URBANAS tuvo acceso a más información acerca de las compras y alquileres efectuadas por el Consejo de la Magistratura: una resolución presidencial interna en la que se reconoce la falta de formación de los expedientes correspondientes a la compra de un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 932, por el que se pagó una cifra cercana a los 1.550.000 pesos más IVA más un 3 por ciento de comisión.
El documento firmado por Gauna también afirma que, respecto de los alquileres que el Consejo paga por los edificios de Leandro Alem 684 -su sede- y Avenida de Mayo 761, tampoco "se han formado expedientes por cuanto han sido contratados con el acuerdo de los señores consejeros y consejeras quienes estuvieron informados de los avances en las negociaciones".
La resolución está fechada el 6 de mayo -pocos días después de que la denuncia contra los cuestionados funcionarios judiciales quedara radicada en el juzgado de Warley- y ordena "la búsqueda en todas las dependencias del Consejo de la Magistratura y elevación a esta Presidencia, de cualquier antecedente de la compra del edificio de Hipólito Yrigoyen 932", al tiempo que establece "un plazo de 48 horas para la elevación de las actuaciones que fueren halladas, que se encuentren relacionadas o el informe del resultado negativo". También insta a extender los horarios de trabajo del personal hasta las 21 para el cumplimiento de la búsqueda ordenada.
En los considerandos de la resolución se afirma que "si bien no quedan decisiones a adoptar respecto de las referidas contrataciones, corresponde disponer la formación de expedientes con las piezas halladas en la búsqueda o de la reconstrucción de los antecedentes que se dispongan".
NOTICIAS URBANAS se comunicó con el presidente del Consejo para preguntarle por qué los expedientes no fueron conformados cuando se realizaron las compras y contrataciones de los alquileres. Gauna -que es titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la UBA- contestó que no iba a realizar declaraciones periodísticas y que sólo respondería ante la Justicia.
