El violento operativo desplegado el 14 de noviembre de 2009 en el entorno del Club Atlético Vélez Sarsfield, en ocasión de realizarse un recital del grupo Viejas Locas, aún no tiene una resolución judicial. Si bien el asesinato de Rubén Carballo aún es fruto de investigaciones judiciales, en el ámbito administrativo días atrás la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dio un paso en pos del esclarecimiento de los hechos al ordenar el pase a servicio pasivo de los responsables del operativo de la Policía Federal que dejó como resultado un joven muerto y numerosos lesionados.
La sanción administrativa se apoyó en una extensa cantidad de testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que permitió advertir las serias irregularidades en el proceder policial y su accionar irrazonable, abusivo y desproporcionado, que se incorporaron a la correspondiente denuncia penal, aún en trámite.
Según se informó desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Ministra de Seguridad de la Nación, puso en conocimiento de la defensora porteña Alicia Pierini, una síntesis del sumario administrativo en el que se investigan las irregularidades ocurridas. En él se concluye que el dispositivo de seguridad policial no brindó las condiciones de protección necesarias siendo el fallecimiento del joven Carballo su peor consecuencia. Los funcionarios policiales a cargo de los procedimientos evidenciaron mal desempeño y cometieron graves faltas. Por ello, la Ministra ordenó su pase a servicio pasivo y ordenó profundizar la pesquisa para determinar si el joven Rubén Carballo fue asesinado en el marco del despliegue represivo y a la luz de los registros filmados y el expediente abierto por la Defensoría del Pueblo.
Se indica en el informe que ya al tiempo de la inspección del estadio por parte de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad la autoridad policial sabía que para esa noche se habían vendido miles de entradas más. Y que, para más, llegarían al estadio más de 20 micros con la hinchada de Vélez, custodiados por la propia PFA concluyéndose en que todas estas circunstancias “… resultaron gravitantes para la producción de los incidentes que se desencadenaron” y que “… para el comienzo del recital, aproximadamente a las 21:30 horas., junto con la llegada al estadio de los micros con la hinchada de Vélez, se advirtió que ya no había más capacidad de ingreso por ese sector, y se decidió el cierre de esas puertas, quedando afuera unas 3000 personas, descontentas, y a las que se procuró dispersar con el desborde represivo que acreditaron las imágenes”. Asimismo, el Cuerpo Guardia de Infantería utilizó material antitumulto, a pesar de la contraindicación de la Dirección General de Operaciones.
Respecto de la hinchada de Vélez se señala que la Policía brindó cobertura y protección a los hinchas, al tiempo que habilitó su enfrentamiento con el público concurrente al recital, y hasta su acceso al estadio.
Se agrega que “… el desborde de la represión frente a las puertas cerradas de acceso al campo generó que más allá de aquellos que buscaron refugio en el aledaño Barrio Kennedy –hacia donde incluso sin sentido los persiguió el personal policial, concretando detenciones injustificadas y por demás violentas.” Y más tarde el personal policial “dispersó al público nuevamente con el uso abusivo de la fuerza y la utilización de los grupos de combate…”.
El informe destaca, asimismo, que “Los episodios de violencia y represión policial se fueron así sucediendo, de un sector de ingreso al otro, según fueran conducidos –en esa dinámica policial que parece haberse predestinado a administrar la sobreventa a bastonazos- aquellos que tenían la intención y en su caso el derecho de ingresar al estadio con las entradas … Y fue en dicho marco de deficiente planificación que tuvo lugar una peor implementación del servicio de seguridad y vigilancia policial, que tal como quedara registrado en las filmaciones y fuera acreditado sumariamente, estuvo signado por el uso abusivo y desbordado de la fuerza represiva, lo que incluyó el uso injustificado de agresivos químicos, el abuso en la utilización de armas y golpes, la reiteración de detenciones injustificadas y con grave violencia, y la intervención incluso en esas detenciones de personal policial de civil no identificado que aportó al caos generalizado”.
Respecto del fallecimiento de Rubén Carballo se reseñan los dictámenes producidos, en el marco de la causa judicial, por el Cuerpo Médico Forense y por la Gendarmería Nacional para luego concluir que “… la versión inicialmente ofrecida por el Club y ampliamente difundida por … (la) PFA en orden a que el joven Carballo se habría herido cayéndose de la autopista que surca sobre el Club Ferroviario, no ha encontrado respaldo probatorio y ha sido desconsiderada en cuanto a su probabilidad en los dictámenes periciales del caso” y que, corresponde profundizar la pesquisa para determinar si el joven Rubén Carballo fue asesinado en el marco del despliegue represivo, al haber sido golpeado en la cabeza con un bastón policial utilizado de modo irregular (hipótesis no descartada en los informes periciales y sustentada, además, en las imágenes en las que se observa al personal policial utilizando esa noche la tonfa de manera irregular, atípica, agarrada al revés).
El informe que se reseñara da cuenta de la labor realizada en el caso por el Ministerio de Seguridad de la Nación observándose, hasta donde ha avanzado la tramitación, una adecuada intervención dando crédito además a lo producido por la Defensoría del Pueblo.
A pesar del avance en el ámbito administrativo para controlar y sancionar hechos de violencia policial, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad reconocen preocupación por el lento avance de la causa judicial. Si bien se vislumbra voluntad de investigación, se advierten las deficiencias propias del sistema judicial: el caso es de una gran envergadura y la fiscalía interviniente no cuenta con el personal, ni los recursos suficientes para avanzar en los tiempos que requiere la causa que lleva ya más de tres años de tramitación.
