Comenzó febrero y la mayor parte de la administración pública de la Ciudad y la Legislatura -incluidos altos funcionarios, secretarios de gobierno y legisladores- regresaron de sus vacaciones. Al shock que significa los golpes de calor se encontraron con que cobrarán sus sueldos en base a un cronograma de pagos, que en algunos casos contemplan liquidar una parte del salario en bonos.
Este viernes, todos podrán cobrar 500 pesos netos y dentro de una semana hasta mil pesos más. Los sueldos superiores a 2000 pesos sufrieron un tratamiento que, según sea de la Legislatura o del Gobierno de la Ciudad, les permitirá percibir el resto de su salario.
En estos casos, la secretaría administrativa de la Legislatura dispuso que se abonen hasta 500 pesos, completándose el resto en Lecop el próximo 18 de este mes. Según determinaron las autoridades esto comprende a los diputados, directores generales, secretarios y todo el personal transitorio que perciba más de dos mil pesos.
En cambio, en el Gobierno de la Ciudad los funcionarios que cobran por encima de este último monto, percibirán el resto de sus haberes el mismo 18 de febrero, pero todo en efectivo.
Por su parte, voceros de la secretaría administrativa de la Legislatura, que dirige Hugo José Donatelli, reconocieron a NOTICIAS URBANAS que el presente esquema de pagos podría trasladarse a los sueldos de febrero y marzo, según las proyecciones realizadas hasta el momento. Mientras tanto, los servicios de la casa -internet, videocable, teléfonía, etc- se abonarán en Lecop y al contado.
El 30 de diciembre del 2001 la Legislatura sancionó la Ley Nº744 que declaró a la ciudad en "Emergencia Económica y Financiera" por el lapso de seis meses. En el artículo 7º de la ley, se facultó al Poder Ejecutivo a utilizar medios de pago alternativos, emitidos o a emitirse por la Nación o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como bonos del Estado.
En la circular Nº002/SA/2002, que informa sobre el cronograma de pago, las autoridades de la Legislatura resaltaron que esta emergencia se produjo por "una merma en la recaudación del Estado Autónomo, (que) importa una afectación financiera en todo el sector público de la Ciudad, entendido este según la definición dada por el artículo 4º de la Ley 70.
