A pesar de que la experiencia pasada demostró que ese tipo de soluciones no dan resultado, los políticos que dirigen el Ministerio de Seguridad de la Nación insisten en aplicarlas. La nueva purga efectuada en la Policía Federal Argentina (PFA), que le dio salida a 25 comisarios, muchos de ellos pertenecientes a la importante área de Seguridad de la fuerza, se sumó a las que viene realizando la ministra de Seguridad K, Nilda Garré, desde que llegó a su cargo en diciembre de 2010. Y como ejemplo de lo que iba a ser su gestión, la primera medida que tomó la funcionaria fue pasar a disponibilidad a los 13 superintendentes de la Federal, los hombres de mayor jerarquía en el escalafón policial luego del jefe y el subjefe. La ministra tardó un mes en nombrar a los reemplazantes y solo lo hizo cuando el entonces jefe de la fuerza, el comisario general Enrique Capdevila, y su segundo, el comisario general Alejandro Di Nizo, amagaron con renunciar si la funcionaria no le daba el visto bueno a la lista de reemplazantes que había presentado el número uno de la institución a los pocos días de asumir su función.
Con el transcurrir de los meses, Garré cambió a más de 40 comisarios a cargo de la seccionales porteñas, además de efectuar varias purgas de altos cargos. Hasta llegó a presentar una denuncia penal contra 20 exefectivos de la fuerza (estaban incluidos varios comisarios) por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. La lógica de las constantes purgas que se realizaron bajo el argumento de depurar a la institución de los elementos corruptos es una medida que tiene un alto impacto mediático pero que con el correr del tiempo demuestra su poca efectividad.
La mejor comprobación de eso fue la reforma de la Policía Bonaerense que el exgobernador provincial, Eduardo Duhalde, impulsó luego del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997 en Pinamar. La fuerza dejaba de tener un jefe policial y el poder pasaba al político a cargo del Ministerio de Seguridad. El primer civil fue el exsenador Luis Lugones, quien comenzó con la política de las purgas, que al poco tiempo se incrementaron con la llegada al Ministerio de León Arslanian. “Nosotros estamos empeñados en llevar adelante una depuración y esa lucha que significa todo el desvío y la corrupción policial”, manifestó el abogado al llegar a su cargo.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las continuas purgas realizadas por Arslanian y por los funcionarios que lo sucedieron demostraron a las claras que la medida fue poco efectiva. Los índices delictivos actuales en la provincia y el constante reclamo de seguridad que hacen los bonaerenses son datos incuestionables de que las purgas no eran la solución para mejorar la seguridad y obtener una policía mejor.
A pesar de la buena prensa que tuvo el penalista, en los hechos su actuación fue criticada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), organización ligada a los derechos humanos a la que nadie puede acusar de reaccionaria. “Nuestra opinión sobre la llamada reforma de la Policía Bonaerense siempre fue crítica. Nunca creímos que Arslanian lograra convertir agua en vino. Y decíamos entonces que los cambios que se fueron implementando era un retoque cosmético sin consistencia”, expresaba a través de un comunicado la Coordinadora.
A pesar de estos cuestionamientos, Garré siempre destacó la labor llevada a cabo por el exjuez. Y lo hizo públicamente en diciembre de 2012, cuando criticó la política de seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y destacó las gestiones de Arslanian y Juan Pablo Cafiero. La coincidencia entre ambos fue ratificada por una declaración del ex ministro de Seguridad bonaerense, que al ser consultado por los cambios que la kirchnerista viene realizando en la Federal, la respaldó al señalar que en esa “fuerza la corrupción forma parte de la problemática”, agregando que la situación actual de la PFA era “la misma situación que atravesaba la Policía Bonaerense” cuando él se hizo cargo del Ministerio.
“Las purgas por sí solas no solucionan nada. Es más, si no están acompañadas por otro tipo de medidas, lo único que hacen es empeorar la situación interna de la fuerza. Las purgas indiscriminadas y numerosas lo primero que producen es que al ser tan amplias y seguidas, tengan que asumir cargos jerárquicos oficiales que de un día para otro saltan varios rangos del escalafón y por su inexperiencia cometan errores que en el caso de la inseguridad repercuten en la gente. No se puede tirar por la ventana a 20 comisarios sin antes tener los sustitutos ideales y preparados para asumir los reemplazos. Si esto no se cumple, las purgas solo empeoran la situación de la institución, desencadenado con el tiempo que los altos cargos de la fuerza sean manejados por policías que no están capacitados, y de ahí para abajo la situación empeora”, le manifestó a NU un excomisario inspector de la Bonaerense que vivió en carne propia la reforma de Arslanian.
Este medio adelantó, dos números atrás, cuando contó las reales causas de la renuncia de Capdevila, que se produjo el miércoles 12 de diciembre, que los nuevos uno y dos de la PFA no contaban con un respaldo interno fuerte. En especial el nuevo jefe, el comisario general Román Di Santo, que venía de la poco influyente Superintendencia de Comunicaciones Federales, área en la que trabajó desde su ingreso en la policía hace 38 años.
“Nunca un superintendente de Comunicaciones fue jefe de la Federal porque esa Superintendencia es considerada una de las menores de la fuerza, donde siempre se coloca a un oficial de escritorio, para nada operativo y con nula experiencia de mando en la calle. Seguramente por su perfil bajo y por no estar enrolado con los superintendentes de peso que oponían a Capdevila y en consecuencia a las medidas de la ministra, esta última no tuvo otra elección que elegir a Di Santo”, le señaló a NU un comisario mayor de la PFA.
La funcionaria K trató de emparejar la nueva cúpula al nombrar como subjefe al comisario general Héctor Tébes, quien estaba a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, un área clave ya que tiene a su cargo todas las comisarías de la Ciudad. Sin embargo, Tébes se desempeñó durante veinte años en la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, llegando a Seguridad Metropolitana hace poco más de un año. Ninguno de los dos es bien mirado por el sector de la institución que conspiró contra Capdevila y que lideraban los superintendentes de Investigaciones Federales, José Horacio Novoa; el de Interior y Delitos Federales Complejos, Roque Carlos Luna, y el de Drogas Peligrosas, Ricardo Ortega.
Como consecuencia de esa situación, en donde la nueva jefatura asume con un poder menguado y poco predicamento en la tropa, ya que es vista como funcional al poder de la ministra de Seguridad, el viernes de la semana última se dio a conocer la Orden del Día Interna (ODI) número tres de la Policía Federal, en la que se informó que 25 comisarios eran desplazados de la fuerza “porque no respondieron ni cumplieron con las expectativas que se pusieron en ellos”. En tanto, hubo otros jefes con el mismo rango que pidieron el pase a retiro. Entre los echados se encuentran 22 altos oficiales de la importante área de Seguridad.
El listado de los desplazados es el siguiente: Juan Carlos D’Avanzo, Emilio José Junoy, Orlando Ojeda, Carlos Grandal, Daniel Galiñanes, Santiago Horacio Bongiorno, Fernando Culsham, Marcelo Ricardo Leiva, Luis Alberto Vázquez Abad, Carlos Alberto Beraldi, Emilio González, Fernando Oscar Lucero, Juan Abbondo, Daniel Fernando Ojeda, Alejandro Pitaro, Luis Rubén Parras y Ernesto Rubén Scheidegger. La nómina se completa con Mario Rubén Figueroa, Carlos Federico Sanow, Mario Francisco Negrette, Carlos Dornelles Soarez, Walter Hugo D’Avila (todos de Seguridad), Humberto Arturo Diganchi (Comunicaciones), Rodolfo Gregorio Rebasa y Aldo Néstor Ciapponi (Sanidad).
En la misma circular, el Ministerio de Seguridad da a conocer los nombramientos de los nuevos comisarios inspectores: Rodolfo Nicolás Cabezas (jefe del Departamento de Investigación Criminal), José Luis Valdivia (jefe del Departamento de Delitos Federales), Omar Bravo (Delitos Económicos), Eduardo Catalán Osiris (Delitos contra la Propiedad), Ramón Raúl Córdova (Scopométrico), José Luis Dell’Amico (Relaciones con la Comunidad), Julio Eduardo Rojas (Control de Seguridad Urbana), Carlos Enrique Salvi (Interpol oficina subregional Buenos Aires), Alejandro Nicolás Germino (Prevención de la Violencia en el Fútbol) y Carlos Omar Jorge (Cuerpo Policía Montada).
En tanto, como jefes de las circunscripciones (en las que están divididos las comisarías porteñas) aparecen el comisario José Pedro Potocar (I), el comisario José Jesús Ascona (II), el comisario inspector Marcelo Omar Repetto (III), el comisario Osvaldo Di Prisco (IV), el comisario Jorge Luis Casas (V), el comisario Guillermo Claudio Colussi (VI), el comisario Daniel Alejandro B’Attini (VII), y el comisario Fernando Roque Córdoba (VIII). Además, se espera que en los próximos días se nombren a sus sustitutos en forma oficial (puede llegar un comisario o directamente quedar los jefes interinos).
El malestar que se vive en la Federal contra la gestión de Garré no se aplacó con la renuncia de Capdevila. La propia ministra vivió en carne propia el descontento de los uniformados el día después de la salida del anterior jefe, cuando fue abucheada al encabezar el acto oficial de 3.200 egresados de las nuevas promociones de oficiales de la Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura, que se realizó en la Escuela de Cadetes de la PFA.
La ministra llegó en helicóptero y con una demora considerable al evento que estaba programado a las 11, y los familiares de los efectivos egresados, que se encontraban en una tribuna, la silbaron y abuchearon durante un largo rato. El secretario de Seguridad de la nación, Sergio Berni, prefirió faltar al acto, prevenido del descontento que pesa sobre él por su accionar en el conflicto que movilizó a gendarmes y prefectos luego de las rebajas en sus sueldos.
Según un efectivo de alto rango de la PFA que dialogó con NU y que además de resguardar su identidad también pidió que no se especificara su jerarquía, a los pocos días de la asunción de la nueva cúpula se produjo una importante reunión entre los líderes del sector interno que se oponía a la gestión Capdevila, la cual también incluyó a importantes comisarios retirados con conexiones de peso con la tropa, en donde se llegó a la conclusión de que los nuevos jefes son un manotazo de ahogado de Garré y que se prestarán a ser utilizados por el poder político en contra de la Federal, avalando la purga contra los oficiales que estaban con Capdevila o con los que están en contra de las medidas de la kirchnerista.
“Se manda a la calle a efectivos sin experiencia que ponen en riesgo al personal a cargo y a los ciudadanos. Así van a terminar destruyendo a la policía”, se quejaron los reunidos. Además, se discutió la posibilidad de iniciar acciones desestabilizadoras contra los nuevos jerarcas, pero la iniciativa fue rechazada, por lo reciente del descontrol callejero en la 9 de Julio, que desencadenó la renuncia del anterior líder y en el cual la interna de la PFA tuvo un papel determinante.
Por eso, y a pesar de las declaraciones de Garré y Berni, los cambios en la cúpula y las purgas, la situación de la fuerza empeora y eso no es nada bueno si se quiere combatir la inseguridad de todos los días.