La Diputada del Frente para la Victoria María José Lubertino presentó este mediodía un recurso de revocatoria, ante la jueza de turno y originaria de la causa, Patricia López Vergara, ante el rechazo previo de la jueza Lidia Lago.
“Confiamos en que se revierta la decisión de la jueza Lago que sólo se atuvo a la formalidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de subte, cuándo en realidad mi planteo principal del amparo del año pasado es la protección de los/as usuarios/as en la continuidad del servicio y que Macri se hiciera cargo era condición necesaria pero no suficiente”, aseguró Lubertino.
La presentación busca que el gobierno porteño garantice la continuidad del servicio y el derecho a la movilidad de los porteños. A su vez, que proteja el patrimonio histórico y que los comerciantes reciban una compensación por el perjuicio económico que implica cerrar la línea A para el recambio de la flota de coches.
“Los habitantes de la Ciudad tenemos derecho al más elevado acceso a las más modernas tecnologías y avances científicos, y simultáneamente a nuestros derechos a la movilidad, al trabajo y al patrimonio. Suponiendo que el objeto de las obras sea lo primero, debe buscarse la forma de garantizarlo sin entrar en colisión con los otros derechos en juego. El Ejecutivo debe buscar la forma de cumplir con un derecho sin cercenar los otros o de compatibilizarlos, no es necesario optar o establecer una jerarquía si es posible armonizarlos”, argumenta la legisladora en el escrito.
Al rechazar el amparo de Lubertino, la jueza Lago, entre los considerandos, estampó las exigencias de la diputada en una medida interpuesta con anterioridad, donde exigía que Mauricio Macri se hiciera cargo de la administración de los subterráneos: “El gobierno de la Ciudad desarrolle los cometidos necesarios para que nuestros derechos resulten una realidad asequible. El subte debe ser administrado por la Ciudad en forma inmediata, ejerciendo en forma exclusiva su competencia y fiscalización, porque así lo ordenan leyes y acuerdos suscriptos”.
En su resolución de seis carillas, Lago hizo mención a hechos administrativos tales como leyes y decretos en los cuales la Ciudad toma el control y fiscalización de los subtes. Destacó también la sanción de una norma en la Legislatura porteña. Y según su entender, el pedido “no guarda correspondencia con lo que es materia de este amparo y por tanto no puede ser admitida”.