Tras el anuncio que el fin de semana hizo la Presidenta, acerca del acuerdo al que la Argentina llegó con Irán para revisar la documentación de la AMIA, que implica que juristas de varios países interroguen a los acusados en Teherán, tanto dirigentes de la AMIA y DAIA como diputados de la oposición salieron al cruce de la medida.
Sin haberse pronunciado oficialmente, pero según publican varios medios gráficos, la disconformidad de las asociaciones se potenció con las declaraciones del canciller Héctor Timerman, quien aseguró que “esta es la primera vez que todos los sospechosos van a ser interrogados por el juez natural de la causa, un magistrado argentino, bajo la legislación argentina, en la ciudad de Teherán”.
El representante del Gobierno nacional expresó además que “esto es histórico porque los familiares finalmente van a obtener lo que siempre quisieron: el avance de la causa; para ello era necesario que el juez indague a los sospechosos. Y eso es lo que va a ocurrir”.
Según manifestaron desde el entorno de ambas organizaciones, “salir a dar una opinión de manera inmediata hubiese sido una movida de oportunismo político”. “Se está analizando el acuerdo y recién cuando haya precisiones se fijará una postura”, aclararon en declaraciones a Infobae.
La misma fuente consideró que la falta de claridad (no en el documento, sino en las expresiones posteriores) puede haber estado propiciada por “el apuro de hacer un anuncio de este calibre en la víspera del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que además no nos parece una buena fecha para dar esta noticia”.
“Es como si los aliados, antes de los juicios de Nuremberg, hubiesen armado una comisión especial para ver si juzgaban o no a los nazis y cómo. Me parece realmente insólito, estoy absolutamente conmovido por lo negativo de esta noticia”, manifestó en diálogo con la Agencia Judía de Noticias.
Por su parte, desde el arco opositor, aseguraron que la decisión significa una “afrenta” a las víctimas e implica compartir la investigación con un Estado que la justicia argentina ya consideró “terrorista”. El Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU), representado por los diputados nacionales Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, recordó que “la justicia argentina ya llegó a la verdad a través de una investigación exhaustiva y difícil que llevó a condenar a altos funcionarios de la República Iraní”.
En esa causa, destacaron ambos legisladores, “se determinó el carácter terrorista del Estado islamista de Irán en relación al atentado a la sede de la AMIA”, motivo por el cual, interpretaron, compartir la investigación con ese país implicará “colocar al victimario en el rol de investigador de su propio delito”.
En sintonía, consideraron que “estados terroristas y genocidas” significa que el país “abandona su tradición de defensa de los derechos humanos, comenzada en 1983”, tras la restauración de la democracia.
El presidente de bloque de diputados de la UCR Ricardo Gil Lavedra afirmó que el “acuerdo con Irán es una vergüenza”. “Una comisión internacional para que diga si la justicia argentina actuó bien. ¿Cómo sigue después?”, se preguntó el legislador. El diputado nacional del bloque Frente Peronista Gustavo Ferrari también indicó que es “una vergonzosa claudicación de la soberanía nacional” el acuerdo entre Argentina e Irán.
“La Presidenta tiene una confusión brutal sobre la soberanía y la independencia judicial, dado que festeja por Twitter que los jueces no serán argentinos y privilegia el diálogo para la resolución del conflicto cuando éste no es un tema diplomático ni legislativo que se resuelva con acuerdos”, sostuvo.
“Ni la Presidenta ni el Congreso pueden comprometer lo que nuestra Justicia tendrá en cuenta para resolver, porque la Justicia es independiente. El acuerdo con Irán reconoce jurisdicción al poder judicial iraní sobre el atentado a la AMIA, lo que creo inaceptable”, opinó el diputado nacional de PRO, Federico Pinedo.
En las próximas horas habrá varios encuentros en los que participarán representantes de la AMIA, la DAIA y también familiares de las víctimas; en esos cónclaves se definirá la postura oficial de las entidades, que se conocerá entre el lunes y el miércoles.
