La Sala IIª de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario suspendió la vigencia de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), que Macri había creado como continuidad de los Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) y que se superponían en sus funciones con las Juntas Comunales. Con esta decisión, el jefe de Gobierno porteño limitó las funciones de los comuneros, que son elegidos por el pueblo, transfiriéndoles sus funciones a las autoridades designadas por él mismo.
El fallo determina que las UAC seguirán sin poder operar hasta que se determine su legitimidad. Los jueces Esteban Centanaro, Esteban Ángel Russo y Nélida Danielle revocaron de esta manera una decisión de primera instancia, ante un amparo presentado por vecinos.
“Si el poder central tuviese facultades para avocarse o ejercer alguna en las competencias descentralizadas, ¿cuál sería su sentido?”, se preguntan los jueces en una parte del fallo, que concluyó en que “evidentemente, si existiese un poder jerárquico disfrazado de relación de tutela, prima facie, parece desvanecerse la finalidad de la descentralización”, para advertir finalmente que “por la natural tendencia del poder central a expandir sus funciones, progresivamente lo que se diseñó como un centro de decisión autónomo (en el caso de las autoridades independientes, claro está), en los hechos, no sería más que un órgano subordinado a aquel poder”.
Vecinos y organizaciones de la Comuna 15 acudieron el año pasado a la justicia, reclamando la ilegitimidad de las UAC, que fueron creadas por el Poder Ejecutivo porteño por medio del decreto 376/11. “La UAC tiene funciones similares a las de las comunas, como por ejemplo ejercer la supervisión, coordinación y control de la prestación de servicios y gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites solicitados por los vecinos distribuyéndolos a las áreas competentes”, se quejó Ondina Fraga, integrante de la Junta Comunal 6.
Las UAC funcionan en los edificios que antes ocuparon los Centros de Gestión y Participación (CGP) y ocupa a sus empleados. Además cuentan con un coordinador que responde a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuyo titular es Eduardo Macchiavelli.
El problema más primario que encontraron los nuevos comuneros en 2007 fue que no poseían asignación de presupuesto, por lo que “las Juntas no tenemos recursos para realizar ningún tipo de acción ni gestión, ni se descentralizaron programas ni servicios, es decir que estamos sin funciones”, remarcó el comunero Luis Cúneo, para rematar que “el objetivo de estas acciones y omisiones es vaciar de contenido las Juntas, presentarlas como inservibles y, a la larga, lograr que se desintegren, negando lo que establece la Ley”.
Los autores de la Constitución de la Ciudad de Buenos de 1996 plantearon un proceso de descentralización, para el que otorgaban un plazo de cinco años, que hubiera culminado en plena crisis de 2001. Pero recién en septiembre de 2005 se sancionó la Ley 1777, en la que se estableció que “las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia”.
Sin embargo, la primera elección de miembros de las Juntas Comunales se produjo recién en 2011, aunque dos días antes de las elecciones, el Ejecutivo porteño creó las UAC, que dejaron a los 105 nuevos comuneros sin funciones, sin presupuestos y sin utilidad práctica.
“El macrismo, de hecho, tiene la mayoría en 12 de las 15 comunas, entonces hasta podríasacarle algún rédito, pero prefiere desarticular las juntas comunales porque le teme a la participación y, en definitiva, no cree en la intermediación política”, concluyó el comunero del Frente para la Victoria Luis Cúneo.
