El martes 26 de febrero se cumplirá el plazo de cinco días establecido por la titular del juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Fabiana Schafrik, para que el Gobierno porteño “se expida acerca de cómo coordinará la efectiva realización” de las actividades culturales que se desarrollan en la Sala Alberdi que integra el complejo del Centro Cultural General San Martín en un predio transitorio como la Sala Los Andes (ubicada en la calle Leiva 4249 y dónde actualmente se realizan actividades diversas) o “proponga sedes de funcionamiento alternativo”. Pero al mismo tiempo que la justicia deberá resolver la ocupación de la Sala Alberdi, un nuevo hecho se suma al conflicto. El Ministerio Público Fiscal inició investigaciones ante supuestos daños a obras de arte por parte de los ocupantes y solicitó el allanamiento del lugar.
La judicialización del conflicto en la Sala Alberdi cuenta ya largo tiempo. Iniciada en el año 2009, la causa cuenta con un abultado expediente en donde constan diversos informes sobre la falta de condiciones de seguridad del lugar en donde se dictan clases de la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático), una sentencia firme de la Cámara en lo CAyT ordenando al Gobierno de la Ciudad que “repare las anomalías detectadas”, y, tras dicho fallo, una serie de acciones vinculadas a la negativa de los estudiantes de dicha sala cultural de abandonar la sede ante la falta de garantías que aseguren la continuidad de las actividades. A todo esto se sumó recientemente un nuevo elemento a la causa: la denuncia de daños en obras de arte por parte de los ocupantes y el pedido de allanamiento, desalojo y retiro de las obras dañadas realizado por la fiscalía porteña.
En breve la jueza Fabiana Schafrik deberá resolver la conflictiva situación que enfrenta por un lado a estudiantes de arte dramático que resisten al temor de la disolución del espacio cultural permaneciendo en la Sala Alberdi y en el patio del Centro Cultural General San Martín, aún ante los riesgos que la falta de seguridad implican; por otro, al Gobierno de la Ciudad que para cumplir con la orden judicial de reparar el espacio físico en cuestión debe garantizar la continuidad de la totalidad de las actividades que en la Sala Alberdi se dictan; y desde otro lugar, al Ministerio Público Fiscal investiga la supuesta infracción al artículo 183 del Código Penal por parte de los ocupantes al ocasionar daños a obras de arte.
En la orden judicial dictada el pasado 21 de febrero en donde la jueza porteña puso un plazo de 5 días al Gobierno porteño para que proponga una sede alternativa que contemple, entre otras cosas, la reubicación de material escenográfico de gran envergadura, la magistrada también ordenó a los ocupantes que “permitan el libre acceso a las autoridades del Centro Cultural, de la Administración Gubernamental de Control y de la Dirección General de Defensa Civil a fin de que tomen conocimiento más exacto del estado de situación y arbitren las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las cosas y de las personas”. Y se advierte que ante el impedimento por parte de los ocupantes del ingreso de autoridades se habilitará “a la Policía Federal Argentina a que en forma coordinada con la Policía Metropolitana garantice ‘en forma pacífica’ el libre acceso a las autoridades del Centro Cultural y de los organismos técnicos competentes a fin de tomar conocimiento del estado actual de las condiciones de seguridad y riesgo y adopten las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la vida”.
En paralelo a esta resolución, desde el Ministerio Público Fiscal se presentó una solicitud de allanamiento de la Sala Alberdi, incorporando a la extensa causa un nuevo elemento: el daño de obras de arte del Centro Cultural San Martín por parte de los estudiantes que rechazan el cierre de la Sala.
Con fecha también 21 de febrero, se remitió a la Defensoría Oficial Nº 13 y a la defensa particular el escrito presentado por Claudia Barcia , Fiscal titular del Equipo A de la Unidad Fiscal Sudeste, en el que se solicita “que disponga el allanamiento del Centro Cultural General San Martín sito en la calle Sarmiento 1551 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de: 1) proceder a la precisa identificación de todas las personas que se encuentren ocupando el patio cubierto del citado establecimiento; 2) desalojar a todas las personas que se encuentren ocupando el patio cubierto de la citada entidad a efectos de hacer cesar la conducta ilícita y evitar consecuencias ulteriores, es decir, que continúen destruyendo, inutilizando o dañando las obras de arte que allí se emplazan”.
En la solicitud de allanamiento realizado por la fiscalía porteña también se plantea la necesidad de que se tomen fotografías, y “con el asesoramiento del curador o especialista en arte del CCGSM” se proceda “al secuestro de la obra de arte que ha sido dañada y que puede ser trasladada denominada: ‘Desplazamiento 1969’, realizada por Julio Le Parc (1928), a efectos de realizar los peritajes de rigor”.
También se pide “la clausura inmediata del inmueble, teniendo en cuenta que existen otras obras que por su naturaleza y dimensiones no pueden ser transportadas, a efectos de asegurarlas y disponer los peritajes que correspondan respecto de la obra de arte que ha sido dañada denominada ‘Los acróbatas 1923’, realizada por el artista Curatella Manesen (1891-1962), verificando respecto de las restantes en qué condiciones se encuentran”. Finalmente, la fiscal Barcia solicita que una vez efectuada la clausura se disponga “custodia policial en el acceso al inmueble” y “oportunamente, proceder a la restitución de las obras de arte y del inmueble a las autoridades del CCGSM, que ejercen la dirección del establecimiento”.
Más allá de la causa central, que corresponde a una acción de amparo contra el Gobierno porteño para que se garanticen las condiciones de seguridad de la Sala Alberdi, en el caso de avanzar la investigación de la fiscalía sobre daños a obras de arte del Centro Cultural San Martín, los estudiantes que se niegan a dejar la sala en cuestión podrían ser acusados penalmente por destruir, inutilizar, desaparecer o de cualquier modo dañar “una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno”. La infracción al artículo 183 del Código Penal prevé una condena de “prisión de quince días a un año”.
