En diciembre del 2012 la Presidenta Cristina Fernández pidió “democratizar a la justicia” tras conocerse el fallo que absolvió a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón en Tucumán. Tras varios meses en dónde en nuevas oportunidades la mandataria señaló la necesidad de modificar el sistema judicial para que responda a las necesidades de la sociedad, y frente al discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso en dónde la Democratización de la Justicia estuvo presente, desde el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos agrupaciones que forman parte de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación Seccional 2 sentaron posición y anunciaron su apoyo al “cambio cultural en la justicia”.
En un extenso comunicado de prensa en el que se reflejan diferencias con la conducción sindical encabezada por el moyanista Julio Piumato, las agrupaciones “Quique” de Pedro y 16 de noviembre manifestaron que “los judiciales en su conjunto debemos empezar a revertir la lógica elitista y conservadora que reina como norma cultural en el Poder Judicial, expresada en los tratos cotidianos entre Superiores e Inferiores, en la atención a los consultantes y ciudadanos que acuden a la Justicia, en el modo de comunicar a través de mandas judiciales inteligibles para el común, etc.”.
“El primer paso hacia un cambio de este tipo se dio en las dos últimas solicitadas “Por una justicia legítima”, cuyos firmantes entienden, por sobre todas las cosas, una pertenencia al Estado a través de las funciones judiciales. Pretender que el Poder Judicial cumpla con los fines públicos, como contribuir a garantizar el bienestar general de la sociedad, no constituye una intromisión del Poder Ejecutivo en éste, sino que representa el debido ajuste a los objetivos de un Estado de Derecho. Alejarse de dicho cometido, o no observarlo como guía al brindar servicio de justicia, constituye una desviación insalubre del objetivo por el que se crea la Justicia y un fraude institucional”, expresa el comunicado de los judiciales porteños.
Y en un claro apoyo al oficialismo nacional, remarca: “Desafiar el imaginario colectivo de los judiciales (y de la sociedad toda) constituye un enorme reto dentro de un Proyecto de País cuyas principales banderas son la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la independencia económica y la integración latinoamericana. Este proyecto de país necesita de un Poder Judicial que acompañe esas banderas”.
Entre los puntos que estos grupos de empleados judiciales destacan para lograr el cambio institucional planteado, se resalta el “ingreso democrático” al Poder Judicial para que “cualquiera que desee” formar parte de la justicia pueda hacerlo. “Actualmente, tanto los cargos de concurso (magistrados y secretarios) como los de carrera (funcionarios y empleados) son cubiertos por personas que tienen la suerte de conocer, o ser familiar o amigo, de alguna personalidad con influencia y poder suficiente de aplicar la “dedocracia”. Lo que necesitan las instituciones de la democracia es un acceso igualitario y no sectario”, remarca el escrito.
“Debe establecerse un mecanismo transparente, igualitario y legal que garantice el acceso al Poder Judicial de toda la población. Son los sectores populares los que brillan por su ausencia en los Palacios de Justicia. […] Entendemos que debe regularse a través de una Ley dictada por el Congreso Nacional, a la que luego adhieran las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, proponen desde las dos agrupaciones de judiciales porteños.
Entre otros puntos en pos de la democratización de la justicia también se propone la “regulación de la carrera judicial”, la creación de una “escuela judicial” que forme a los empleados y funcionarios, un “reglamento de tareas por cargo” donde se determine qué funciones debe cumplir cada cargo del escalafón, además de la “eliminación del maltrato laboral y, la “plena representatividad de toda la comunidad en el Consejo de la Magistratura”.
Sobre este último punto se subraya: “No se justifica hoy en día por qué si los abogados de la matrícula y los Jueces tienen representación en el Consejo, no lo tienen los trabajadores de la justicia. Los trabajadores que construyen y hacen a diario la prestación del servicio de Justicia no tienen siquiera derecho a voz en la composición del Consejo de la Magistratura actual”.
“No propugnamos aquí una modificación que implique una reforma constitucional, sino que entendemos que con el actual texto de la carta magna se puede lograr que los trabajadores tengan, a través de sus representantes gremiales, el derecho a voz que permita conocer la totalidad de pensamientos”, se aclara en el comunicado aunque unos renglones después, no descartan “una reforma constitucional”.
“Mucho queda para debatir cuando se habla de democratización: la descentralización de los edificios judiciales, para acercarlos a los barrios humildes; la clarificación del vocabulario de los escritos, el avance sobre la oralidad; la condición de vitalicio de los cargos de magistrados, la revisión de su rol judicial; la aceleración de los procesos civiles a través de una justicia vecinal; el control difuso de constitucionalidad; y, hasta una reforma constitucional para poder plasmar estos cambios. […] El modelo de país Nacional, Popular, Democrático y Solidario, necesita de un modelo de Justicia que vaya de la mano y no a contramano de estos postulados”, concluyen los grupos K de judiciales porteños.
