La Justicia recibió este lunes varias denuncias para saber si el empresario kirchnerista Lázaro Báez “lavó” dinero en el exterior.
Dos de las denuncias cayeron por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello, nombrado hace seis meses en ese cargo, mientras que una tercera fue asignada al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien también está a cargo del caso del atentado a la AMIA.
Además, el fiscal Carlos Stornelli también interviene en el tema, tras una presentación del ex Fiscal de Investigaciones Administrativas y actual diputado radical Manuel Garrido, donde se solicitan medidas de prueba que incluyen allanamientos y detenciones.
Por otra parte, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo (PRO), Laura Alonso (PRO) y Carlos Brown (Frente Peronista) radicaron una denuncia por presunto lavado en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Gonella, una repartición creada recientemente por la jefa de la Procuración.
Las denuncias comenzaron a llover en los tribunales federales como consecuencia del programa “Periodismo para Todos” que emitió imágenes de una cámara oculta que mostraba al contador Leonardo Fariña, marido de la modelo Karina Jelinek, revelando detalles sobre cómo había “sacado” dinero del país por disposición de Báez, a quien señaló como una suerte de socio de Néstor Kirchner.
La primera en realizar una presentación fue la diputada Elisa Carrió. Se presentó en el edificio judicial de Comodoro Py 2002 ante el juez federal Julián Ercolini, quien desde 2008 tiene una denuncia impulsada para investigar una presunta asociación ilícita que habría encabezado Kirchner.
Según Carrió, las pruebas que se dieron a conocer en el programa servían para ampliar su denuncia original.
Sin embargo, Ercolini entendió que esos hechos debían formar parte de una nueva investigación y envió la denuncia a la Cámara Federal, donde por sorteo recayó en manos de Casanello, designado al frente del juzgado 7 el 12 de octubre del año pasado.
En tanto, otros dos abogados se presentaron en los tribunales federales.
El primero fue el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten que, por derecho propio, se presentó a denunciar por encubrimiento y lavado de activos a “Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi”, y la presentación recayó por sorteo en el juzgado de Canicoba Corral.
Posteriormente se presentó en los tribunales Ricardo Monner Sans, quien hizo una denuncia en términos similares -asignada al juzgado de Casanello- y en donde se pide investigar desde la presidenta Cristina Fernández hasta Fabián Rossi, esposo de la vedette Iliana Calabró.
Como los hechos denunciados son los mismos, será la Cámara Federal la que resuelva qué juez debe investigarla.
Por otra parte, el diputado nacional Jorge Albarracín (UCR-Mendoza) expresó que la la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó “debería actuar de oficio” ante las denuncias y consideró que la funcionaria “tiene la oportunidad de demostrar la sinceridad de su compromiso con la justicia legítima”.
