Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos expresaron su “repudio a las represalias impulsadas contra el defensor Julián Axat y el juez Luis Arias” a raíz de las investigaciones que realizaron ante la sospecha de la existencia de más muertos que los admitidos oficialmente por las inundaciones en la ciudad de La Plata.
“Queremos expresar nuestro más profundo repudio a la manifiesta intención del Gobierno provincial de iniciar un proceso de destitución contra el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias y el defensor Juvenil Julián Axat Della Croce por haber realizado acciones, en el marco de sus funciones, para garantizar el acceso a la información ciudadana ante la calamidad sufrida por las ciudadanas y ciudadanos platenses”, sostuvieron en un documento firmado, entre otros, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata y de Mar del Plata.
Además, agregaron: “Estamos convencidos, cualquiera sea el resultado final de las actuaciones judiciales iniciadas por ambos, que su trabajo expresa, ni más ni menos, la puesta en marcha de acciones judiciales esenciales en el marco de un Estado Democrático de Derecho”.
“La transparencia de todos los actos públicos debe ser garantizada en debida forma. Los hechos conocidos a través de las acciones judiciales emprendidas por Axat y Arias dieron cuenta de los problemas denunciados sobre el modo de registrar las muertes ocurridas en el contexto de la inundación y de la falta de transparencia de las acciones desplegadas por el Poder Ejecutivo Provincial en este aspecto”, añade el documento.
Las entidades que suscriben la declaración cuestionaron que “en lugar de investigar las posibles irregularidades, la reacción gubernamental inmediata fue intentar desacreditar a los funcionarios e impulsar represalias por haber roto el cerco de silencio”.
“Esta reacción de los funcionarios de Gobierno y de un grupo de legisladores oficialistas implica una clara actitud de hostigamiento y persecución, lo que reviste gravedad institucional. Se busca disciplinar mediante actos persecutorios a funcionarios judiciales que realizan su labor teniendo como guía el desarrollo de los principios universales de los derechos humanos”, apuntaron las organizaciones.
El documento fue suscripto también por la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFAD), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre otras organizaciones.
“Creemos que el oficialismo bonaerense ha mostrado, como en otras ocasiones, la pretensión de disciplinar y limitar las funciones judiciales. Esta situación supone un atropello a los principios de autonomía del defensor y de independencia del juez”, cerró el texto.