Accesorios para telefonía celular por valores superiores a los 100 mil pesos, ropa, tarjetas telefónicas, dvd’s y cd’s, juguetes, bijouterie y mercadería variada aún sin clasificar fue parte del resultado de un importante operativo contra la venta ilegal en el espacio público desplegado en la zona de Retiro.
En un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la Policía Metropolitana y la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, se procedió a liberar de manteros y puesteros la calle Ramos Mejía (exterior de las estaciones Mitre, Belgrano y San Martín, hasta la terminal de ómnibus), retirándose 7 estructuras metálicas emplazadas en la vía pública de forma ilegal, incautándose más de 100 bolsas de mercadería y labrándose más de 20 actas de infracción.
Según informó el fiscal a cargo de la investigación, Walter López, el operativo se enmarca en una investigación iniciada hace más de un mes atrás por infracción al art. 83 del Código Contravencional que sanciona con multas de entre 5 mil y 30 mil pesos a “quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido”.
“La investigación comprende una estrategia del Ministerio Público Fiscal de que el espacio público sea utilizado por todos y no por organizaciones que distribuyen mercadería de dudosa procedencia, que además emplean para su fabricación, en muchos casos, elementos que pueden ser tóxicos para la población. Este procedimiento se enmarca en una investigación compleja que incluye a diversos personas y que fue precedida por otros allanamientos realizados en el mes de marzo en la estación del ferrocarril Mitre”, explicó López.
Por su parte, la fiscal Verónica Guagnino, a cargo de la Unidad de Investigaciones Complejas, resaltó que “la ocupación ilegal de los espacio público es la comprobación más fehaciente de la existencia de un estado debilitado e incapaz de respetar y hacer respetar la ley, generando con ello espacios que facilitan la corrupción de los funcionarios públicos que al tolerar la comisión de hechos ilícitos en flagrancia destruyen el estado de derecho”.
