El viernes pasado la Cámara Argentina para PyMEs de la Construcción (CAPyC) presentó una denuncia judicial dirigida contra el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en la cual lo acusó por "administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", con motivo de las "deficiencias observadas y las irregularidades cometidas" en las obras de bacheo y repavimentación de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad puso en marcha el plan de repavimentación de las calles porteñas en noviembre de 2002, luego de casi un año de paralización, a raíz de la suba en los precios causada por la crisis económica que azotó al país en diciembre de 2001, y por la caída de la convertibilidad. La primera etapa del proceso comprendió el arreglo de unas 77 calles del macrocentro, 155 metros cuadrados de baches y una inversión por un monto de 11 millones de pesos.
La querella presentada por la CAPyC, que lleva la firma del titular de la entidad, el arquitecto Ariel Dara, también está dirigida contra los secretarios porteños de las áreas de Hacienda y de Obras y Servicios Públicos, Miguel Ángel Pesce y Abel Fatala, respectivamente. "El Gobierno de la Ciudad ha incurrido en un grave fraude que sólo persigue un rédito electoral", señaló Dara.
El titular de la CAPyC además afirmó que "el señor jefe de Gobierno dijo que los trabajos de recapado asfáltico que se están haciendo en la Ciudad tendrán una perdurabilidad de 10 años, pero eso es una falacia. Hemos realizado estudios técnicos que nos permiten aseverar que la solución implementada no durará más de 11 meses, debido a la pésima calidad de la mezcla empleada".
Sin embargo, a principios de este año Héctor Rossi, el presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA) -la empresa del estado porteño que está encargada de las obras- negó que los arreglos que se realizaron en las calles porteñas se traten de un "bacheo electoral". Con un dejo de ironía pero yendo al grano de la cuestión, Rossi aseguró en ese entonces no estar tirando solamente "una capita de asfalto". "Los ciudadanos después decidirán si se trata de un bacheo electoral o no -agregó-. Nosotros decimos que no lo es por la forma en que se está realizando el trabajo".
El titular de AUSA remarcó en aquella oportunidad que estaban llevando a cabo reparaciones con una profundidad de medio metro "y en algunos casos más todavía"; y que, además, "se contrató a la Universidad de La Plata, que tiene un departamento vial muy reconocido en el país, para que analice toda la calidad de los materiales usados y de los trabajos realizados".
Los argumentos presentados por la CAPyC están basados en un estudio granométrico que demuestra -dicen- que la cantidad y la forma de la mezcla utilizada por el Gobierno (que contiene arena, piedra, cemento asfáltico y filer) supera los límites autorizados por la Dirección Nacional de Vialidad, lo que le quita consistencia al pavimento.
"La resistencia del material se sitúa en un promedio de 480 kilos, cuando el parámetro establecido por la Ciudad es de más de 700 kilos. En tanto que la profundidad del fresado, que tiene que ser como mínimo de cuatro centímetros, se encuentra en niveles que oscilan entre los 0,8, 1, 2 y 3 centímetros", indicó Dara.
A modo de advertencia, el presidente de la CAPyC explicó que la calle Hidalgo, en el barrio de Caballito, ya muestra "evidencias visuales de deterioro y descomposición cuando apenas han pasado 20 días de su realización". Dara además sostuvo que el problema se agravará durante el verano debido a las temperaturas, por la "baja calidad" del cemento utilizado.
En los fundamentos de la presentación judicial, los empresarios advierten que se está "frente a una maniobra que compromete el presupuesto de la Ciudad con una obra de pavimentación y bacheo a todas luces inservible y realizada con el único afán electoralista". Incluso, Ariel Dara explicó que la realización del estudio estuvo motivada en torno a las dudas sobre "la adjudicación directa de AUSA".
La denuncia, cuyo número de presentación es el 45612/ i42 folio 290 tomo 12, manifiesta además que las obras de repavimentación fueron encomendadas por Aníbal Ibarra a la empresa AUSA "a través de un sistema de simples e ilegales ‘mandas’, sin dar cumplimiento a las normas que deben asumirse en materia de contrataciones, y eludiendo los mecanismos de control por parte de la Legislatura porteña".
