El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, anticipó que el oficialismo realizará modificaciones en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura ante reclamos que hizo llegar la Corte Suprema de Justicia.
“Así como en el Senado se tomaron en cuenta los planteos del CELS y otras ONGs, la Cámara de Diputados atenderá la mirada de la Corte Suprema de Justicia, que nos parece pertinente”, aseguró Rossi en una charla con C5N.
El legislador afirmó que, tanto el Ejecutivo como los legisladores kirchneristas, tienen una “mirada favorable de la propuesta de la Corte”. Asimismo, aclaró que los cambios aceptados en una de las iniciativas de la reforma judicial “no tienen absolutamente nada que ver” con la marcha del #18A del jueves pasado.
La respuesta de Rossi surge luego de una nota en la que miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones del país- con una sola excepción- habían expresado su postura respecto al proyecto de reforma judicial. La misiva, en la que se destacaban los nombres de los magistrados Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, llegó a altas esferas del Gobierno y fue uno de los temas de debate de la reunión que encabezó la Presidenta en Casa Rosada con diputados del FpV.
Basada en tres puntos básicos, la declaración consideraba en primer lugar que la iniciativa produciría un “vaciamiento” de la Corte Suprema y su “debilitamiento” como cabeza del Poder Judicial. Además, reafirmaba la condición de la Corte como cabeza de la Justicia, según lo dispone expresamente el artículo 108 de la Constitución.
Según el texto, el proyecto “priva a la Corte Suprema de toda facultad de administración y de superintendencia, por lo cual el máximo tribunal no tendrá el manejo de recursos presupuestarios ni del personal ni de los contratos”.
En tanto, los camaristas también habían manifestado su preocupación frente a que el nuevo Consejo pueda adoptar decisiones muy importantes, incluida la de iniciar el juicio político de un juez, por mayoría absoluta de sus miembros. Es decir que no sería necesario que los consejeros alcancen la mayoría agravada de dos tercios, lo que obligaba a buscar un amplio consenso político, y sólo bastarían los votos de la mitad más uno -una proporción que detenda el oficialismo- para iniciar el enjuiciamiento de un magistrado.
Por último, la nota aceptaba que la Justicia tenía que modernizarse -algo que ya viene haciendo con la Corte-, pero reclamaba que los concursos de secretarios y funcionarios fueran manejados por la Justicia, y no en una instancia política como el Consejo.
