El juez Rául Irigoyen dispuso el procesamiento de Fatala y otros cinco funcionarios del area y le trabó embargo sobre sus bienes por un millón de pesos, en una causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en el uso de fondos para remodelar su despacho, los cuales estaban destinados a otros fines.
Fuentes del Gobierno porteño indicaron que si el procesamiento a Fatala llegara a quedar firme en el curso de la investigación judicial, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra lo removería de su cargo. El funcionario de manifestó "sorprendido" por la medida, que hasta las 14 de hoy no le había sido oficialmente notificada."Mis abogados ya están trabajando en la apelación", afirmó Fatala que espera revertir el procesamiento en Cámara.
El 18 de julio del año último-cuando la causa la tenía el juez Fernando Pigni- se realizaron varios allanamientos en las oficinas del Mercado del Plata del Gobierno de la Ciudad, en el marco de la investigación sobre contrataciones presuntamente irregulares vinculadas con las compras para el remodelamiento de varias oficinas entre ellas la del secretario.
Las medidas de ese entonces se ordenaron tras constatarse irregularidades en la licitación convocada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo de Fatala, para refaccionar distintos recintos.
En ese momento se verificó que tales licitaciones habían sido "directas", constituyéndose en irregulares tras probar que las tres empresas que proveyeron presupuestos para acceder a la obra estaban ligadas a funcionarios del anterior Gobierno de la Ciudad además de estar ligadas entre sí.Uno de los puntos que sustanció la presunta irregularidad en la contratación fue que "entre las tres empresas que se postularon existía muy poca diferencia de precio".
Para renovar la funcionalidad de la Secretaría se habrían comprado alfombras por un valor de 200 pesos el metro cuadrado; puertas que costaron 3500 pesos y hasta una lujosa ventana con marco de caoba con doble vidrio, que alcanzó la suma de 3.500 pesos, según la investigación judicial.Para los investigadores, los precios y las contrataciones directas conformaron la sospecha de que se estaría "frente a un hecho ilícito en perjuicio del Estado".
Además de Fatala, fueron procesados el secretario administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis Calvo; el director general administrativo y legal, Ariel Seguí; el jefe de Compras y Contrataciones, Daniel Lucente; el director general de Recursos Humanos de la subsecretaría de Gestión Operativa de la Secretaría de Finanzas, Jorge Feldman, y la asesora de la Secretaría, arquitecta Laura Schachter, revelaron las fuentes.
La denuncia que originó esta causa fue promovida a fines del año 2000 por Alicia Schmoller, del barrio de Belgrano, una de las víctimas de las inundaciones de enero del 2001, quién alertó sobre el "despropósito" de gastar abultadas sumas en refacciones de oficinas.
