La noticia que anunciaba que el sistema de bicicletas porteño pasaría a manos privadas despertó, además de las críticas de la oposición al macrismo, un recurso de amparo contra la licitación del servicio.
La defensora adjunta del pueblo porteño Graciela Muñiz presentó dicho recurso de amparo y aseguró que “nuevamente el ingeniero Macri pone en evidencia su desinterés por la cosa pública y pretende transformar un servicio público que creó el propio Macri en otro negocio”.
El llamado a licitación, según Muñiz, “establece una concesión por cuatro años con la posibilidad de prórroga por un año más, lo que viola el artículo 27 de la ley 2586 que establece que las concesiones sólo pueden otorgarse por plazos superiores a cinco años”.
“Lo más grave de esta medida es que la inversión, de 135 millones de pesos, estará exclusivamente a cargo de la Ciudad, lo que quiere decir que se hará efectiva con fondos públicos sin aporte alguno de parte de los beneficiarios de la concesión”, agregó la funcionaria.
Por último, la defensora adjunto afirmó que “resulta evidente que para la Administración del Pro el negocio mas rentable sigue siendo un Estado que pone el dinero y en el que el ciudadano pague por los servicios que se le brindan y un empresario se lleve las utilidades”.
