A menos de un mes de que la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario declarara inconstitucional el decreto 376/11 que dispone la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) a propósito de los amparos presentados por el legislador Juan Cabandié y el comunero Rául Brunel, el Gobierno porteño podría ser multado como ocurrió con la medida cautelar por el Hospital Borda.
En el caso del recurso judicial que presentó el representante de la Comuna 15, y según informaron a Noticias Urbanas, se intimó a cada presidente de las juntas comunales a que informe si las funciones de las unidades fueron trasnferidas a dichos fueros.
El tercer expendiente -el Nro. 39938/11- impulsado por el legislador Rafael Gentili no hay novedades a la fecha y de acuerdo con la información el Ejecutivo “ni siquiera admitió el recurso que interpuso para llevar el expediente al Tribunal Superior de Justicia”.
La diferencia que existe entre la acción impuesta por Brunel y la de Gentili, indicaron, es que en el caso de la primera “no tiene efecto suspensivo y debe cumplirse”, mientras que la del diputado de Proyecto Sur sí tiene efecto suspensivo y por eso la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario interpuso el cumplimiento del traslado de las funciones de las UAC a las juntas comunales por el caso Brunel.
Respecto al fallo del 18 de abril pasado, el juez Víctor Trionfetti resolvió declarar la inconstitucionalidad del decreto N°376/11, que resolvia la creación de las UAC en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno porteño.
Entre sus fundamentos, el magistrado consideró que el decreto “interfiere” con el proceso de descentralización dispuesto en la ley 1777, que regula las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, según lo establecido en la Constitución de la Ciudad. Es decir sobre “un aspecto basal de lo que constitucionalmente corresponde entender por Comuna”.
Además, consideró que “se lesionan pautas constitucionales en materia presupuestaria y se interfiere con la puesta en marcha del proceso comunal en la descentralización de funciones de control”, así como también se violentan “aspectos de la participación democrática de los vecinos”.
“La creación de las UAC se realiza en forma manifiestamente inconsulta, sin participación de los vecinos, ni de las organizaciones barriales”, explicó en sus resoluciones.
Desde el Gobierno anunciaron en marzo pasado la apelación de la medida. Aún sin novedades.