Convertir el problema de la Cuenca Matanza-Riachuelo en una política de Estado, instalar el tema en las agendas electorales de los candidatos nacionales y locales, otorgar al Estado herramientas jurídicas, económicas y humanas, son algunos de los propósitos que la Asociación de Vecinos de La Boca considera indispensables entre los objetivos que deberá tener una red de organización no gubernamentales (ONG’s) que luche por el saneamiento de la cuenca.
Esta propuesta es difundida por Internet, mediante un documento denominado "S.O.S. RIACHUELO". Los vecinos solicitan a quienes lo reciban que, si están de acuerdo con el mismo, lo envíen a sus conocidos.
La cuenca del Río Matanza, que en sus últimos 15 kilómetros es conocido con el nombre de Riachuelo, tiene una superficie de 2.238 kilómetros cuadrados, a lo largo de 64 kilómetros, con un ancho de 35. Este río nace en el Partido de Cañuelas, de la confluencia de los arroyos Rodríguez y De Castro y se alimenta con la afluencia de otros cursos de agua a lo largo de su recorrido. En los distritos lindantes a la cuenca viven siete millones de personas, pero están directamente afectados por la contaminación más de un millón y medio.
En 1995 se creo el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR) es un ente tripartito -compuesto por la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación- que aún no tiene poder de policía.
En este sentido, el informe sostiene que es necesario que el Estado tenga un control real sobre los vertidos tóxicos que diariamente un centenar de empresas tiran sobre la cuenca. El documento también afirma que se debe "concretar desde el gobierno la revisión del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca y en base a las conclusiones implementar un firme plan de acción".
Las actividades del CEMR tendrían que haber sido financiadas con 250 millones de dólares que envió el Banco Interamericano de Desarrollo con este fin y con una partida similar que deberían haber aportado los Estados miembros de este ente tripartito. Pero, según denunció la Asociación de Vecinos La Boca, 150 millones de dólares del BID fueron desviados por el Gobierno Nacional para el implemento de planes sociales. Y tampoco habrían llegado el total de los fondos aportados desde Argentina.
La Asociación de Vecinos de La Boca considera que la nueva red de ONG’s debe exigir que sean retirados los 17 cascos hundidos y los 67 amarrados en la costa, que se limpie el espejo de agua y se ordenen los terraplenes y taludes que bordean el río, que se recolecten los residuos a lo largo de toda la cuenca -fundamentalmente en los 13 asentamientos precarios que crecieron en el curso inferior del Riachuelo- y que se erradiquen los 42 basurales a cielo abierto que se hallan en la Cuenca.
También afirma que se tiene que reclamar fervientemente que se mantenga en forma permanente un control sobre la salud de la población, el aire y el agua a lo largo de toda la cuenca, y que se provea de cloacas al 55 por ciento de los habitantes de la Cuenca que carecen de ellas y de agua potable al 35 por ciento que no la poseen.
Además, el informe manifiesta que es imprescindible que se obligue a las industrias que residen en la cuenca a instalar plantas para tratamiento de residuos industriales y que Aguas Argentinas el ETOSS, el CEAMSE, la Prefectura Naval Argentina, la Administración General de Puertos, la Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos nacional y Comité Matanza-Riachuelo realicen las obras de infraestructura que están obligadas a hacer y que hace años que vienen postergando.
