“El acceso a una caja de seguridad bancaria sin la conformidad de su titular sólo puede ser ordenada por un juez en una causa civil e invocando una causa razonable”, explicó Badeni en diálogo con DyN.
El abogado aclaró esta cuestión ante una consulta de esta agencia, a raíz de las declaraciones del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien calificó al “stock de dólares” guardados en las cajas de seguridad como “la mayor desestabilización que tenemos del sistema en la Argentina” y componente principal del riesgo argentino.
Badeni indicó que “las cajas de seguridad están amparadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece la inviolabilidad del domicilio que se extiende a los espacios reservados de una persona“.
Por eso, planteó que el Poder Ejecutivo “de ninguna manera puede ordenar” la apertura de una caja de seguridad “ni siquiera con ley del Congreso” e insistió que una medida de esa índole deber ser “dispuesta por una orden judicial” y por “causas razonables” como sería, por ejemplo, la investigación de un delito en una causa penal.
“Judicialmente las órdenes de allanamiento de la AFIP no son válidas si no están autorizadas por un juez“, aclaró.
No obstante, Badeni opinó que en la situación “límite” como se encuentra Argentina, “uno puede llevarse una sorpresa” si se recurre a algún “juez obsecuente del gobierno”.
Según su visión, las declaraciones de Sbatella “lo que están haciendo sin querer es fomentar el delito porque la gente que tiene ahorros en una casa de seguridad si tiene miedo de ser privado de ellos, va a sacarlos y llevarlos a su casa, con lo cual se fomentan los robos”.