La jueza en lo contencioso administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal ordenó este viernes al Gobierno Nacional que se abstenga de “concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado” del monumento a Cristóbal Colón ubicado en las inmediaciones de la casa Rosada.
La magistrada le pidió al Estado Nacional que en tres días presente un informe sobre el hecho y dispuso el freno del traslado “a los fines de resguardar la eficacia de las resoluciones que autos pudieran dictarse”.
La medida fue anunciada este viernes por la tarde durante una conferencia realizada por el bloque Pro de la Legislatura en la que dieron detalles sobre el conflicto entre los Gobiernos nacional y porteño en torno al traslado de la estatua que fue donada por la comunidad italiana.
En una reunión con la prensa encabezada por el vicepresidente I del Cuerpo, Cristian Ritondo, se exhibieron imágenes de lo ocurrido durante la mañana cuando a un grupo de funcionarios porteños se les prohibió el ingreso a la plaza para pedir explicaciones por la presencia de dos grúas en el lugar. Al respecto el diputado sostuvo: “El gobierno de la Ciudad no necesita ninguna autorización para pasar”.
“Vimos el desprecio con que trataron a la diputada y presidenta de la Comisión de Cultura, Lía Rueda; al defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena; y a funcionarios de la Ciudad, en la plaza pública enrejada que se encuentra detrás de la Casa Rosada y que el Gobierno Nacional se apropió violando la ley”, afirmó.
Ritondo señaló: “Queríamos que nos explicaran por qué nos estaban robando lo que corresponde a los argentinos y porteños”, y recordó que este jueves en sesión ordinaria se aprobó con 40 votos, un proyecto del Bloque Coalición Cívica que declara al monumento bien integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, el coordinador de “Basta de Demoler”, Santiago Pusso explicó que “la Legislatura es la única que tiene potestad de decidir sobre los monumentos en la Ciudad. Por eso presentamos el amparo, porque el Gobierno Nacional está interviniendo y necesitamos que esto tome relevancia pública y judicial”.
Por su parte, el defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, subrayó que “lo grave de todo esto es que haya una intervención directa del Gobierno Nacional sobre esta Ciudad que es autónoma, violando la Constitución Nacional”.
También se manifestó la diputada Rueda y dio detalles de lo sucedido: “Fui a ver qué pasaba y la gente de Casa Rosada me negó la entrada de mala manera, me tiraron el portón encima y me pegó en la pierna. Además, gente de espacio público fue golpeada”.
De la conferencia participó también el diputado del bloque Proyecto Sur, Pablo Bergel, quien se solidarizó con la diputada y expresó su apoyo a la “defensa de espacios públicos de la Ciudad”.